Los mercados deben ser protegidos, por el orden legal y económico, de aquellas conductas que limitan el intercambio libre y de beneficio recíproco entre sus integrantes. El marco normativo debe prevenir y sancionar duramente las conductas que constituyen abusos de posición dominante, conductas colusorias y otras arbitrariedades, como las cláusulas abusivas en los contratos, de manera que el mercado mantenga su capacidad de funcionar como instrumento de elección y de restricción del poder.
De lo anterior no se colige que el Estado deba sobrerregular los mercados pues ello reprime la iniciativa privada y la innovación. El exceso de regulación lesiona la competencia pues, a menudo, las nuevas condiciones impuestas son insoportables para algunos productores, pequeños y medianos, que simplemente no pueden cumplir con la nueva carga regulatoria y abandonan el mercado. Por ello, un buen balance es necesario. Por ejemplo, si para investigar y sancionar se inviste al Estado de poderes especiales, tales poderes deben, a su vez, sujetarse a controles, reglas de transparencia, garantías del debido proceso y a normas de rendición de cuentas.
Nuestra institucionalidad de libre competencia y protección del consumidor sin duda presenta espacios de perfeccionamiento, pero tales mejoras deben tender a fomentar la competencia, a eliminar las barreras de entrada y los obstáculos que tienen los consumidores para cambiar de proveedor; a corregir las asimetrías de información y a crear una cultura de cumplimiento de la normas, entendiendo que, con su observancia, todos ganan.