Chile, y es difícil encontrar quien lo dude, tiene hoy un importante déficit en infraestructura hospitalaria. Solo como ejemplo, el número de camas de hospital per cápita en Chile es el segundo más reducido de la OCDE, con 2,2 camas de hospital por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del promedio (4,8 camas por cada 1.000 habitantes) y superando sólo a México, país que cuenta con 1,6 camas por cada 1.000 habitantes.
En este contexto, una de las promesas de la Nueva Mayoría era implementar un millonario plan de inversiones en salud, de US$ 4.000 millones, destinados a cumplir la meta de contar con 20 hospitales construidos, 20 en construcción y 20 en estudio o licitación al 2018.
Lamentablemente la imposibilidad del sector público de gestionar eficientemente el millonario presupuesto de inversión asignado, hace poco probable que este compromiso pueda cumplirse: de acuerdo con información entregada por la Dirección de Presupuestos, en 2015 sólo se logró ejecutar el 64% del monto destinado a inversión. De hecho, gran parte del monto originalmente destinado a inversión fue reasignado a otros fines y, además, la mitad del total ejecutado en el año se realizó durante el último mes.
Es en este precario contexto que preocupan especialmente las declaraciones de nuestras autoridades sobre el rechazo a la utilización de la modalidad de concesiones en salud para concretar esta ambiciosa promesa, la decisión de no concesionar algunos recintos e incluso a retirar procesos de licitación ya en curso.
Dado el déficit existente en infraestructura en salud, y la incapacidad de ejecutar, parece necesario analizar los fundamentos de este rechazo.