Desde fines del año pasado la empresa Metro se encuentra desarrollando negociaciones con miras a renovar el contrato de suministro eléctrico, insumo clave para su operación. Según se ha informado, dichas tratativas han resultado complejas, dado el escenario energético que vive el país, en particular en materia de costos, que es descrito por especialistas como uno de los peores del último tiempo.
Dependiendo de cómo culmine el proceso, las tarifas de este importante medio de transporte público podrían verse modificadas al alza. Por lo mismo, desde la propia compañía admiten que las negociaciones encaminadas para renovar los contratos a partir de 2014 se realizan “procurando obtener los mejores precios que disponga el mercado”. De hecho, ha trascendido, varias negociaciones realizadas hasta ahora no han resultado exitosas, porque la incertidumbre existente no facilita que los proveedores de energía quieran asumir condiciones a precios fijos.
Ahora bien, y visto desde otro ángulo, esta compleja situación podría permitir que el árido debate energético tenga mayor sensibilidad a nivel ciudadano, ya que podría haber un impacto directo y perceptible en el día a día de las personas. Frecuentemente se ha dicho que la judicialización de los proyectos y que la oposición ciudadana a distintas formas de generación eléctrica tienen un precio. No obstante, hasta ahora dicho precio ha sido relativamente insensible para las personas y no así para las empresas. En este caso, sin embargo, la situación podría ser distinta, cuestión que podría permitir una mejor aproximación ciudadana a los retos energéticos que vive el país.