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Alto contrasteEl panel de expertos externos convocado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para revisar las cifras del último censo nacional efectuado el año pasado concluyó que el proceso realizado adolece de serios problemas que afectan dimensiones esenciales del mismo, razón por la cual instó no sólo a no utilizar sus resultados en la elaboración de cifras y políticas oficiales, sino que además sostuvo que el censo debería realizarse nuevamente en 2015.
De acuerdo con el informe entregado por los especialistas, el Censo 2012 registró una tasa de omisión (personas no encuestadas) de 9,3%, cifra que es “tres veces lo obtenido en censos recientes en otros países de la región”. Y lo que es peor, el informe apunta que ese es un dato promedio a nivel nacional y que en algunas comunas llamadas “dormitorio” se registraron valores que resultan difíciles de entender, de hasta 20%, a lo que se añaden otros problemas igualmente increíbles.
Más allá de que este proceso le costó al país US$ 60 millones y que su fallido resultado tiene efectos en cadena que comprometen la ejecución de variadas políticas públicas, hay otro costo implícito que puede ser aún más relevante para el país. Con este resultado, la imagen de una institución esencial, como es el INE, se ha visto comprometida, independiente de que exista relativo consenso en cuanto a que en el origen de esta situación hay malas decisiones y errores y no dudosas intenciones. Lo que procede en lo inmediato es que este servicio y las autoridades fijen un senda para reparar los errores y generar la información censal que urge y, en el mediano, acelerar los cambios que doten de recursos y autonomía al INE.
