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Alto contrasteLa superintendenta de Pensiones, Tamara Agnic, presentó la renuncia a su cargo en una carta remitida este lunes a la presidenta Michelle Bachelet, con copia al ministro del Interior y a la jefa de gabinete de la mandataria. Su dimisión fue aceptada y comunicada un día después, generándose con ello un importante remezón en esta industria por las repercusiones políticas que ha tenido el caso.
La autoridad fiscalizadora esperó más de un mes ser ratificada en su mandato, desde que el 16 de diciembre pasado puso su cargo a disposición de las autoridades tras conocerse una resolución de la Contraloría que hizo reparos a la fusión entre AFP Cuprum y Argentum, que la entidad que dirige había aprobado, y en un escenario en que había sido cuestionada públicamente por la ministra del área, Ximena Rincón.
En su carta de renuncia, Agnic reclama directamente que la ministra del Trabajo no ha respetado la independencia que la ley consagra a la Superintendencia de Pensiones, imputación que refuta la secretaria de Estado.
El episodio es claramente lamentable y pone en cuestión la capacidad de las autoridades de gestionar en forma correcta una situación de conflicto, en la que, por lo demás, están también involucrados intereses de empresas privadas.
La independencia, el profesionalismo y el carácter técnico de las decisiones de los entes fiscalizadores y regulares del Estado es esencial para resguardar la autonomía y la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La incertidumbre, como se ha dicho repetidamente, afecta en forma muy negativa a la actividad económica. Los actores políticos no deben olvidar este bien superior.
