Proyectos de gran minería que suman US$ 39.000 millones y que representan a una de cada cuatro iniciativas en carpeta han sido aplazados en su fecha de inicio entre junio y el pasado mes de noviembre, de acuerdo con un catastro elaborado por la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco). Sin entrar al detalle de las causas que explican los cambios de cronograma (causas que probablemente difieren para cada proyecto), lo cierto es que la noticia está inserta en un contexto en donde en el sector privado hay preocupación respecto del entorno energético, ambiental y político en que se están desarrollando las iniciativas de inversión.
En efecto, las dudas que persisten sobre el suministro eléctrico y sus costos, las crecientes complejidades que se observan a nivel del mercado laboral, la judicialización de las iniciativas, etc., conforman un cuadro que introduce incertidumbre y que obliga a los inversionistas a actuar con más cautela, en especial por la forma en que ha progresado el primero de estos temas: la energía.
La inversión en minería es por definición de largo plazo y en su ejecución la componente energética juega un papel decisivo. Sin energía es imposible pensar en minería, como tampoco es posible pensar en una minería competitiva si el costo de aquella excede, como ocurre en la actualidad, el observado en sus competidores directos. De hecho y de acuerdo con antecedentes recientemente difundidos, los costos de la minería del cobre de Chile se han triplicado en la última década, duplicando el promedio mundial.
Urge un esfuerzo combinado que atenúe estas amenazas, en una industria fundamental en el momento económico que vive el país.