Cada vez que el precio de la bencina sufre un alza relevante, el Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles (Sipco) regresa al centro del debate público. Y una vez más la demagogia y la desinformación parecen plagar la discusión, atribuyéndosele a este instrumento -y al gobierno de turno- la capacidad, el objetivo, e incluso el deber, de rebajar el precio de los combustibles.
Es entonces que se debe recordar que el Sipco de hecho sí cumple con el objetivo con el que fue concebido, pero este es nada más que acotar la volatilidad del precio de los combustibles, al igual que sus predecesores el FEP y el Fepco, pero en ningún caso, rebajar los precios de manera sostenida cuando estos se consideran arbitrariamente “demasiado altos”. Resulta muy impopular, porque sin duda afecta el bolsillo de muchos chilenos, pero lo adecuado es que los consumidores de combustible enfrenten su costo real, el que correctamente incluye un impuesto que parece estar dentro del rango adecuado para las bencinas -aunque insuficiente para el diesel-, al considerarse los costos que sus usuarios le imponen al resto de la sociedad (congestión, contaminación, etc.).
A futuro se ha comprometido la introducción de una segunda etapa del sistema, denominada Sepco, una especie de seguro a través de derivados financieros para reducir la volatilidad del precio de los combustibles y cuya prima pasaría a formar parte del precio de venta del combustible y, por lo tanto, sería pagada exclusivamente por los usuarios del combustible, lo que resulta más justo y razonable que un subsidio financiado por la sociedad completa para disminuir la volatilidad del precio de un insumo de los automovilistas.