Opinión
Cuando la prudencia es mejor que la urgencia
Jorge Quiroz
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La agenda microeconómica del gobierno resulta alentadora en ciertos aspectos cruciales para el crecimiento, como lo demuestra la reciente promulgación del nuevo marco para la promoción de la innovación. Hay buenos motivos para pensar que el mercado por sí solo invierte menos que lo socialmente deseable en Investigación y Desarrollo y los cambios promulgados mejoran rotundamente lo existente. Bienvenido el cambio.
En otros ámbitos, sin embargo, la agenda luce controversial. Me refiero en particular a dos bullados proyectos: la promoción de los medicamentos “genéricos” y la reducción de la tasa máxima convencional.
Tratándose de lo primero, vale la pena recordar que en Chile coexisten los medicamentos “de marca” y los “genéricos”; los precios son más bajos en los segundos. Cuando los medicamentos requieren receta, la última palabra la tiene el médico: él receta. La idea del gobierno es simple. Si se exigiese “bioequivalencia”, esto es, que para que un “genérico” esté en el mercado deba contar con un certificado que permita decir que tiene el mismo principio activo e idénticos efectos clínicos que tales o cuales “de marca”, y si se exigiese al médico que cada vez que recete indique el correspondiente principio activo, entonces, el químico farmacéutico, de acuerdo con el paciente, podrá “cambiar en el mesón” la receta de marca del médico por el genérico que es más barato. ¿Suena bien no? No. De partida, los estudios de “bioequivalencia” serios cuestan plata. En Estados Unidos, del orden de US$ 1 millón. Pero en Chile parece que la cosa se va a hacer “a la chilena”, a un décimo del costo internacional. Así y todo, se trata de un costo alto para muchos laboratorios (hay más de 200 en el país) con lo que se puede presumir que los “genéricos” que sobrevivan a la regulación serán menos que los actualmente existentes. A menor oferta, mayor precio. A su turno, los medicamentos de marca y similares de marca que sobrevivan después del cambio, también subirán de precio: los pacientes que teniendo un genérico equivalente a la vista deciden igualmente seguir comprando el de marca, son menos elásticos a precio, lo que permite un mayor ejercicio de poder de mercado. En un estudio que realizamos años atrás para la industria de laboratorios, encontramos que el resultado probable de esta reforma, es que si bien el gasto privado total en medicamentos podría caer -porque más personas mudarán desde marcarios a genéricos- los precios, tanto de los genéricos como de los marcarios, bien podrían subir. De ahí a las expectativas frustradas hay un paso, particularmente en los sectores de menores ingresos que podrían ver incrementado el precio de los genéricos.
Algo similar pasa con la tasa máxima convencional. El crédito de consumo orientado a personas de menores ingresos -“micro crédito”- tiene usualmente tasas en el tope de la “tasa máxima convencional” en esa categoría. La idea es bajar la tasa máxima. A menor tasa, menor “cuota” y todos más alegres. ¿Fácil no? Tampoco. La tasa es alta precisamente porque debe cubrir los riesgos de no pago, que son mayores en sectores de menores ingresos. Si se baja la tasa máxima convencional, los créditos a entregarse disminuirán correspondientemente, particularmente en la población de menores ingresos. En un estudio que realizamos para el Comité de Retail Financiero, encontramos que una reducción en la tasa máxima del 50% al 25% dejaría a cerca de un millón de personas sin acceso al crédito. Conclusiones de similar tenor obtuvo el propio Banco Central.
Haría mejor el gobierno, en casos como los indicados, optar por la prudencia en vez de la urgencia. Hacer bioequivalencia de veras, en unas pocas categorías, y evaluar los resultados. Misma cosa con la tasa máxima: una baja moderada, quizás cinco puntos porcentuales, y evaluar los efectos. En vez del “sentido de urgencia” del que habla usualmente el Presidente, en reformas controversiales, es más aconsejable la prudencia.
En otros ámbitos, sin embargo, la agenda luce controversial. Me refiero en particular a dos bullados proyectos: la promoción de los medicamentos “genéricos” y la reducción de la tasa máxima convencional.
Tratándose de lo primero, vale la pena recordar que en Chile coexisten los medicamentos “de marca” y los “genéricos”; los precios son más bajos en los segundos. Cuando los medicamentos requieren receta, la última palabra la tiene el médico: él receta. La idea del gobierno es simple. Si se exigiese “bioequivalencia”, esto es, que para que un “genérico” esté en el mercado deba contar con un certificado que permita decir que tiene el mismo principio activo e idénticos efectos clínicos que tales o cuales “de marca”, y si se exigiese al médico que cada vez que recete indique el correspondiente principio activo, entonces, el químico farmacéutico, de acuerdo con el paciente, podrá “cambiar en el mesón” la receta de marca del médico por el genérico que es más barato. ¿Suena bien no? No. De partida, los estudios de “bioequivalencia” serios cuestan plata. En Estados Unidos, del orden de US$ 1 millón. Pero en Chile parece que la cosa se va a hacer “a la chilena”, a un décimo del costo internacional. Así y todo, se trata de un costo alto para muchos laboratorios (hay más de 200 en el país) con lo que se puede presumir que los “genéricos” que sobrevivan a la regulación serán menos que los actualmente existentes. A menor oferta, mayor precio. A su turno, los medicamentos de marca y similares de marca que sobrevivan después del cambio, también subirán de precio: los pacientes que teniendo un genérico equivalente a la vista deciden igualmente seguir comprando el de marca, son menos elásticos a precio, lo que permite un mayor ejercicio de poder de mercado. En un estudio que realizamos años atrás para la industria de laboratorios, encontramos que el resultado probable de esta reforma, es que si bien el gasto privado total en medicamentos podría caer -porque más personas mudarán desde marcarios a genéricos- los precios, tanto de los genéricos como de los marcarios, bien podrían subir. De ahí a las expectativas frustradas hay un paso, particularmente en los sectores de menores ingresos que podrían ver incrementado el precio de los genéricos.
Algo similar pasa con la tasa máxima convencional. El crédito de consumo orientado a personas de menores ingresos -“micro crédito”- tiene usualmente tasas en el tope de la “tasa máxima convencional” en esa categoría. La idea es bajar la tasa máxima. A menor tasa, menor “cuota” y todos más alegres. ¿Fácil no? Tampoco. La tasa es alta precisamente porque debe cubrir los riesgos de no pago, que son mayores en sectores de menores ingresos. Si se baja la tasa máxima convencional, los créditos a entregarse disminuirán correspondientemente, particularmente en la población de menores ingresos. En un estudio que realizamos para el Comité de Retail Financiero, encontramos que una reducción en la tasa máxima del 50% al 25% dejaría a cerca de un millón de personas sin acceso al crédito. Conclusiones de similar tenor obtuvo el propio Banco Central.
Haría mejor el gobierno, en casos como los indicados, optar por la prudencia en vez de la urgencia. Hacer bioequivalencia de veras, en unas pocas categorías, y evaluar los resultados. Misma cosa con la tasa máxima: una baja moderada, quizás cinco puntos porcentuales, y evaluar los efectos. En vez del “sentido de urgencia” del que habla usualmente el Presidente, en reformas controversiales, es más aconsejable la prudencia.
