Un Comité de Decisiones Sensibles para el SII

Javiera Céspedes B.

El ministro Mario Marcel presentó un proyecto que promueve el cumplimiento de obligaciones tributarias, motivado por la reforma previsional que se discute y la generación de mayores ingresos para el Estado, pero principalmente por los últimos fraudes fiscales que se han conocido. 

Sin embargo, el fortalecimiento de la administración tributaria no se alcanza con elevar las sanciones o crear nuevos delitos. En efecto, muchas de las decisiones administrativas del SII, aunque técnicamente justas, han sido objeto de confusión y críticas por parte de la opinión pública: modificaciones, anulaciones y condonaciones de Liquidaciones de Impuestos, Resoluciones, intereses y/o multas aunque basadas en fundamentos técnicos, han parecido incomprensibles e inexcusables para muchos. Esto también se traduce en una sensación generalizada de injusticia frente al cumplimiento tributario, poniendo en tela de juicio las decisiones del órgano fiscalizador. 

Ante este panorama, una propuesta innovadora y oportuna sería que junto con crear un Consejo Asesor Consultivo para analizar si una conducta es o no elusiva, se podría pensar en un “Comité para Decisiones Sensibles del SII" fuera de la estructura jerárquica de la autoridad impositiva y de Contraloría General de la República. 

Esta instancia tendría como objetivo principal reafirmar el mérito técnico de las decisiones controvertidas y validarlas políticamente, proporcionando así un respaldo adicional a las acciones del SII e impulsando uno de los ejes de la propuesta del ministro: Fortalecer la Administración Tributaria. 

El Comité podría consistir en un órgano autónomo que, en un plazo de 10 días hábiles, emita un informe técnico sobre ciertas decisiones clave para la autoridad tributaria. Este informe, aunque no vinculante, podría servir de base para Contraloría en su proceso de toma de razón, ayudaría a fortalecer la legitimidad y la transparencia de las decisiones frente a la opinión pública, protegiendo también la integridad de sus funcionarios frente a la obligación de fiscalizar correctamente.

La composición del Comité podría ser diversa y equilibrada, incluyendo un representante del SII, uno de la Defensoría del Contribuyente, uno de Contraloría, y expertos tributarios del sector privado, seleccionados mediante un sistema de alta dirección pública. Este grupo podría incluir a un abogado, a un contador auditor y/o ingeniero civil, todos con al menos 10 años de experiencia en materia tributaria. Tal diversidad garantizaría una perspectivas objetiva en la fiscalización y un alto nivel de expertise técnico para el análisis de las materias.

La creación de este Comité no sólo mejoraría la percepción pública del SII, sino que también reforzaría la confianza en sus decisiones y la sensación de equidad tributaria. Este paso hacia una mayor transparencia y rendición de cuentas frente a la ciudadanía es fundamental en una era en que la integridad y la credibilidad en las instituciones públicas son más importantes que nunca.

Javiera Céspedes B.

Socia Mizón y Cía. Abogados