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Alto contrasteUn aspecto del nuevo trato
Dentro del paquete de propuestas incluido en el programa GANE anunciado por el presidente Piñera el martes 5 de julio...
Dentro del paquete de propuestas incluido en el programa GANE anunciado por el presidente Piñera el martes 5 de julio, se encontraba un punto que, a mi juicio, es fundamental y que lamentablemente no ha sido abordado con toda la fuerza que amerita ni por el Cruch ni por el movimiento estudiantil: la imperiosa necesidad de reformar la institucionalidad de las universidades estatales del país.
¿Basta con la inyección de recursos financieros para que dichas universidades puedan ofrecer los servicios educacionales y de investigación que se requiere de ellas? Las enormes deficiencias de infraestructura de la mayoría de las universidades estatales no se van a superar sólo con más recursos basales. ¿Basta con subir los salarios de los académicos para que estos no emigren hacia planteles privados?
La alta carga burocrática que recae sobre las universidades estatales dificulta su buen desempeño y el emprendimiento de proyectos académicos de largo plazo. A diferencia de otras empresas del Estado, como Codelco o el Metro, nuestra administración debe rendir cuentas pormenorizadas no sólo a nuestra propia contraloría interna sino que también a la Contraloría General de la República. Nunca sabemos a ciencia cierta si hacemos las cosas bien o mal, porque los reglamentos son complejos y a veces contradictorios, con lo que siempre pesa sobre nuestras cabezas la amenaza de un sumario. Hoy en día el aporte del Estado a la Universidad de Chile corresponde al 10% de su presupuesto central. Sin embargo, el mismo Estado controla el 100% de nuestras actividades e ingresos, aun los que se generan en forma descentralizada en las facultades y centros. Sin contar con apoyos directos del Estado, mi facultad ha logrado levantar centros de excelencia académica tales como el Centro de Microdatos e Intelis, que en los últimos años han ganado tres proyectos Milenio y un proyecto Fondef, a pesar de la carga buroctática que enfrentan. Asimismo, se nos hace prácticamente imposible el emprendimiento de proyectos en infraestructura, ya que se nos prohibe la toma de créditos a un plazo mayor a la duración del período presidencial. Tampoco podemos hacer inversiones financieras -por ejemplo, para ir acumulando un endowment para otorgar becas a alumnos de escasos recursos- ni tomar préstamos para capital de trabajo.
Se hace absolutamente necesario un cambio en la relación entre el Estado y sus planteles universitarios que reconozca que su actividad formativa requiere de un tratamiento distinto al de un ministerio y que debe competir con planteles no estatales que no enfrentan esas restricciones. Si nos creemos el cuento que el país necesita universidades públicas que promuevan la meritocracia, la igualdad de oportunidades para todos los chilenos, respetando su diversidad, es importante que las universidades estatales se conviertan en corporaciones educativas sin fines de lucro del Estado y que rindan cuentas como lo hacen todas las empresas del Estado.
