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Alto contrasteEntramos en la fase final de la discusión del proyecto de ley que permite la entrada de la TV Digital de libre recepción. Es la última oportunidad, como país, de prodigarnos una ley que esté a la altura de los bienes jurídicos que están en juego y que nivele adecuadamente el interés de las empresas privadas y del público en general.
La regulación de la TV Digital afecta derechos altamente sensibles, como la libertad de expresión, e impacta en la asignación que haremos de un bien que nos pertenece a todos y que mantiene un altísimo valor económico y estratégico. Por mucho que han intentado presentar la migración de la TV Digital como un problema meramente técnico, lo cierto es que no lo es. Tiene que ver con cuestiones económicas, con relaciones de poder y propiedad en el medio de comunicación más gravitante en la construcción de significados sociales.
Es imperativo que en su último trámite el proyecto se encause hacia los derechos sociales que están en juego y no se limite al establecimiento de normas que aseguren la continuidad del negocio de los actuales propietarios de la TV. El texto debe alinearse, al menos, con el criterio de la Corte Suprema, en el juicio de TVN con VTR por derecho de redifusión, donde se establece que la concesión se otorga en virtud de la provisión de un servicio de carácter público y que como tal, es un derecho para toda la población y no solo para quiénes puedan pagar por él.
El texto actual no reconoce plenamente la gratuidad de la TV de libre recepción y el acceso universal a ésta. El proyecto ha evolucionado en la dirección correcta al eliminar la posibilidad de que los concesionarios hagan televisión de pago con el espectro que se les asigna gratuitamente, pero veladamente han incorporado, en el Senado, mecanismos para un cobro indirecto que provendrá del pago que deberán efectuar los operadores de televisión por cable y satélite por redifundir los canales de libre recepción. La gratuidad debe ser para todos los concesionarios, no sólo para los con medios.
La redifusión en la forma planteada importa una inaceptable discriminación para las regiones y zonas aisladas al permitir que los canales comiencen a cobrar cuando lleguen al 85% de la cobertura poblacional y no una vez que cumplan la verdadera misión concesional: atender a todos quienes se encuentren dentro de la zona de servicio. Se está permitiendo el cobro aún cuando se sabe que el 15% de los hogares sólo podrán ver los canales nacionales pagando la cuenta del cable, porque la TV de libre recepción no estará disponible para ellos.
Adicionalmente, es indispensable establecer que las obligaciones de cobertura se deben medir al interior de los hogares, ahí es donde las personas ven TV.
No nos engañemos, la ley, el sentido común y los tribunales apuntan en la misma dirección: ver televisión es un derecho y sólo su cabal cumplimiento justifica que el Estado asigne gratuitamente un bien público como el espectro a empresas privadas. La tarea de los legisladores es velar porque ese derecho se cumpla y sea efectivo para toda la población sin discriminación alguna. Tienen la última oportunidad y todo un país los está observando y esperando.
