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Alto contrastePara nuestro Consejo, julio fue un mes intenso. En las últimas semanas, entregamos a la ciudadanía dos informes de alta trascendencia. Así, hace unos días difundimos los resultados de nuestro segundo proceso de fiscalización en materia de transparencia activa a los 345 municipios del país. Sus números nos dejaron con la satisfacción de comprobar avances tanto en el promedio general de cumplimiento de la Ley (que pasó de un 30,26% a un 47.43% en un año), como en el desempeño de aquellas comunas comprometidas con el tema, pero también nos hicieron patente la urgencia de lo mucho que queda pendiente y nos evidenciaron preocupantes casos de retroceso. Por ello, debimos tomar determinaciones drásticas y disponer la realización de 88 sumarios.
Antes, a principios de mes, dimos a conocer por primera vez el Indice de Transparencia y Acceso a la Información, ITAI, un inédito indicador que nos ha permitido medir los progresos, a cuatro años de vigencia de la Ley de Transparencia, en la implementación de sus objetivos. También aquí el resultado mostró varias caras: un alto grado de satisfacción entre quienes hacen uso efectivo de la Ley, pero, a la vez, un todavía demasiado bajo conocimiento de esta normativa tanto entre la ciudadanía -donde son muchos los que ignoran su existencia y la del propio Consejo- como entre una parte de los funcionarios del Estado, que aún desconocen aspectos básicos de su operatividad. Se trata de puntos cruciales: como promotores del principio de transparencia, no podemos quedar satisfechos frente al riesgo de que el acceso a la información pública termine siendo entendido como una suerte de privilegio para una élite y no como lo que es: un derecho que nos pertenece a todos y que resulta en sí mismo una herramienta para ejercer efectivamente otros derechos básicos.
No resulta difícil establecer una relación entre ambos informes. Si el ITAI nos entregó un panorama general respecto de la implementación de una cultura de la transparencia en el país, los resultados de la fiscalización municipal lo aterrizaron en un sector particularmente sensible, verdadero rostro del Estado para la ciudadanía y en especial para los sectores más vulnerables.
Pero como Consejo no queremos quedamos sólo en los diagnósticos o en las eventuales sanciones que puedan recaer sobre quienes no han cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley. Nuestro objetivo es lograr un verdadero cambio, y por eso apostamos con fuerza a nuestro Modelo de Gestión en Transparencia Municipal (MGTM) -consistente en un conjunto de buenas prácticas de administración y desarrollado en alianza con la Subsecretaría de Desarrollo Regional-, firmando convenios para que distintas comunas del país lo incorporen en sus procesos. Los resultados están a la vista: si el promedio nacional de cumplimiento en Transparencia Activa alcanza al 47,43%, la cifra entre los 36 municipios adscritos al modelo al momento de la fiscalización llega al 68%. Una confirmación de que la transparencia es, finalmente, causa y efecto de una buena gestión.
