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Alto contrasteTransparencia en la educación
El debate acerca de la educación superior se entrampa en la cuestión del lucro y éste, en el de su transparencia. Una vez más terminamos por asumir..
El debate acerca de la educación superior se entrampa en la cuestión del lucro y éste, en el de su transparencia. Una vez más terminamos por asumir que lo que no era transparente dañó la credibilidad de instituciones y personas cuyo capital principal se funda precisamente en su prestigio. A ver si aprendemos y damos un paso significativo en mejorar los niveles de transparencia en el sistema educativo chileno; un desafío que deben asumir tanto el Estado como, las instituciones de educación superior, públicas como privadas.
Ya se verá como resuelven las instituciones competentes el problema de si hubo o no infracción a la ley vigente o a su espíritu. Ya resolverá el legislador si tolera a futuro el lucro en la educación superior. Si lo hace, es claro que más vale transparentarlo y fiscalizarlo, incluyendo no sólo el retiro de utilidades, sino también la cuestión de los ingresos por servicios a terceros y su destino. Las universidades, estatales o no, cumplen un rol público que exige un grado de transparencia incluso mayor al de una sociedad anónima que transa sus valores públicamente. Por ahora, las exigencias para las universidades son menores, generando la consiguiente desconfianza que se expresa en las calles. La creación de una Superintendencia de Educación Superior que tenga como objetivo fiscalizar el cumplimiento de la ley, sería un paso importante en dicha dirección.
El destino de los fondos públicos en educación superior debe ser igualmente transparente, ya sea que vayan a manos de universidades públicas o privadas. Ha de ser de público conocimiento, la distribución del gasto público, ya sea en infraestructura, beneficios a los estudiantes, en investigación, en planta académica o en docencia en general. La Contraloría y la superintendencia de educación, según sea el caso, debieran estar en condiciones de fiscalizar el correcto uso de dichos recursos y sancionar a aquéllas universidades que no informen o utilicen recursos para otros fines
Un tercer aspecto que merece más transparencia es el de los resultados de los procesos de acreditación que experimentan las instituciones de educación superior, mientras ésta permanezca como la principal herramienta para certificar la calidad institucional y académica de una determinada institución y carrera, por lo que debieran publicarse entonces, de manera proactiva, los resultados del proceso, los criterios de evaluación, los evaluadores, entreoíros aspectos con el fin de transparentar dichos procesos.
Un cuarto objetivo es que las universidades publiciten en sus páginas Web información acerca de sus carreras, académicos, programas, tasa de inserción laboral de sus estudiantes, en dónde se desempeña laboralmente luego de egresar, cuánto tiempo esperan para ingresar al mercado laboral, el promedio de los ingresos, al menos en forma similar a la información disponible en el Servicio de Información de Educación Superior; lo que ayudaría a transparentar la decisión al momento de optar por alguna carrera en una determinada universidad. Así, a modo de ejemplo, se sabría que una determinada Facultad de Derecho tiene una empleabilidad, al primer año de egresado, de un 94,4% y, en cambio, otra de un 74,3%. Lamentablemente, faltan muchas universidades que publiquen los datos antes mencionados, lo que adquiere especial relevancia si parte del financiamiento va directamente al estudiante, ya que con su decisión de elegir su casa de estudios se estarán canalizando recursos públicos.
Una vez más, la mayor transparencia no dañará ninguna legítima privacidad y nos ayudará a decidir mejor en nuestra vida individual y colectiva.
