Tomas de terreno, ¿problema entre particulares?

Marcela Ruiz-Tagle O.

Es un problema entre privados. De esa forma autoridades regionales justificaron la inacción del Estado respecto a la usurpación de un terreno privado, no obstante que su finalidad era desarrollar un loteo ilegal previo a la venta de “derechos de suelo usurpado” a familias vulnerables.

Las tomas de terreno y los asentamientos ilegales no son un fenómeno nuevo. Han sido recurrentes en la historia de nuestras ciudades y en los últimos años ha aumentado su frecuencia y extensión a consecuencia del incremento de la pobreza y el aumento de la inmigración. Aunque, por cierto, la inacción estatal contribuye a propiciar un negocio ilícito.

“Cuando el Estado interviene ante una ocupación ilegal, el valor del suelo, ex ante y ex post de la toma, no es sincerado ni transparentado, incluso si es suelo público”.

El Estado han intervenido independiente de si el suelo en cuestión ha sido público o privado. Directamente vía permuta o expropiaciones, implementando programas de radicación, regularización y construcción. O indirectamente al permitir, por omisión, que el asentamiento informal se desarrolle y no actuar desalojando. Es la forma en que el Estado, bien o mal, ha enfrentado un problema social que genera múltiples externalidades, como la conformación de nuevos barrios sin urbanización, acceso a transporte público, seguridad o infraestructura de salud y educación.

En este proceso el valor del suelo, ex ante y ex post de la toma, no es sincerado ni transparentado, incluso si es suelo público. Cuando es privado se suele negociar con el dueño asumiendo el valor que tendría ex post la toma, dejando que éste evalúe la decisión respecto del incierto proceso legal de desalojo o, peor aun, el riesgo de enfrentarse a delincuentes. Cuando el suelo es público no se transparenta su valor real, sino que se le asigna el estándar equivalente al subsidio involucrado.

Se estima que un tercio del territorio nacional es de propiedad fiscal y que la mitad de esta superficie se encuentra asignada a instituciones del Estado. ¿Cuál es el valor de este patrimonio? ¿Cómo se gestiona y prioriza la disponibilidad de dicho suelo público en términos sociales? ¿Cómo se conjugan estos activos con las actuales compras de suelo para enfrentar el plan habitacional de emergencia?

Sería deseable sincerar el costo de las viviendas sociales valorizando el suelo utilizado a precio de mercado, para así evaluar de mejor forma los costos y beneficios sociales de la política pública, internalizando la magnitud real de los recursos necesarios para su desarrollo, así como también las externalidades generadas. Asumir la real restricción de recursos demandaría de la política pública una priorización consistente con los incentivos que otorga. A la vez que incentivaría el evaluar un mayor rango de alternativas de oferta legal de suelo privado, siendo éste nuevo o usado, a adquirir en propiedad o bajo modalidades de arriendo de largo plazo.

Un Estado que transparenta sus decisiones, asume las externalidades que genera, ofrece soluciones alineadas a los recursos reales que dispone, prioriza y premia a quienes cumplen con sus exigencias, es un primer paso para ajustar las expectativas y demandas de la población.