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Alto contrasteLa gratuidad de la justicia es uno de los mitos más extendidos en nuestro medio legal. Sin embargo, sabemos que el Estado enfrenta restricciones, por sus limitados recursos, que en la práctica impiden garantizar un efectivo y universal acceso a la justicia. Así, justicia gratis para todos no es más que una fantasía, en que el Estado sólo aspira a más tutela, más disuasión y menos conflictividad potencial, al menor costo posible.
Nuestro sistema judicial es costoso; además, hay un alto nivel de litigiosidad en materia civil y los principales usuarios son bancos, casas comerciales y financieras. Así, la congestión y dilación del sistema podría encontrar su origen justamente en dicha gratuidad, lo que justifica evaluar la incorporación de un sistema de precios, tal como lo resolvieron países de América y Europa, incluso Asia: es decir, tasas judiciales.
Hasta ahora, la discusión se ha centrado en cuatro cuestiones:
1) El litigante, a la hora de usar el servicio judicial, sólo cubre sus costos privados y, con cargo a rentas generales, se financia el sistema judicial completo. Un sistema de tasas haría de barrera de entrada, máxime a la litigación frívola y sin fundamento. 2) Aportaría recursos a la Administración de Justicia, pudiendo aumentar su presupuesto, sin distraer fondos de otras partidas, ni subir impuestos. 3) Razones de equidad. Tenemos un sistema de justicia civil utilizado mayoritariamente por grandes empresas que convierten la gratuidad en subsidio a los más ricos. 4) Su efecto en el acceso a la justicia; según el análisis y experiencia comparada, en principio, no existe un problema constitucional al crearlas. Los problemas surgen cuando diseños institucionales defectuosos generan problemas con garantías arraigadas en la cultura jurídico-occidental (tutela judicial efectiva, igualdad ante la ley, etc). Por eso, los análisis sobre el hecho y la base imponible, los sujetos pasivos y la cuota tributaria puedan resultar relevantes.
El Ministerio de Justicia, en el contexto de la Reforma Procesal Civil, convocó a tres paneles de expertos. Uno de ellos analizará, estudiará y evaluará la posibilidad de introducir tasas. Creemos que la reforma no sólo implica un diseño procesal a la altura de los tiempos y ajustado a las garantías legales. Requiere, además, de un diseño institucional distinto y responder a la pregunta acerca de quién debe pagar por este servicio.
