Soberanía digital, poder para el usuario

María Pía Aqueveque

Meta, la empresa propietaria de la red social Facebook, ha sido multada por la Unión Europea con 1.300 millones de dólares, acusada de transferir datos personales de usuarios europeos a Estados Unidos. Esto no sólo refleja un problema geopolítico asociado a los datos personales, sino algo más profundo que afecta a cada ciudadano digital: que no somos propietarios de nuestra identidad digital. Las regulaciones de protección de datos son una buena intención del derecho de acceso, seguridad y control, que en la práctica como personas es imposible de ejercer.

Nuestros datos son la mercancía con que pagamos y no sabemos qué ocurre con ellos. Este uso se hizo más evidente y estratégico en el entorno de la Web 2.0, y se hace más necesario en la transición a la Web 3.0. En semanas en que se ha reactivado la discusión de la Ley de Protección de Datos Personales, es importante tener una mirada de prospectiva estratégica sobre esta materia, particularmente respecto de los desafíos en el ámbito digital. Es decir, considerando el contexto análogo y digital actual, así como también hacia donde nos están llevando las nuevas tecnologías en el contexto de la Web 3.0, que propicia la trazabilidad del valor y la existencia de mundos virtuales como extensión de nuestro mundo físico.

“En semanas en que se ha reactivado la discusión de la Ley de Protección de Datos Personales, la multa europea contra Meta ratifica la importancia de tener una mirada de prospectiva estratégica sobre esta materia”.

Sin duda la transición de la Web debe considerar la necesidad de aumentar los estándares de protección de los datos de sus usuarios y la soberanía sobre su custodia. Esto es posible, gracias a las tecnologías criptográficas distribuidas, que han mejorado las capacidades de las identidades digitales, permitiendo a las personas acceder al mundo digital, tener control sobre su información y gestionar sus consentimientos. Se abre la posibilidad de que cada individuo lleve un registro de sus datos personales y de los consentimientos entregados, y que recupere el control de la información entregada permitiendo eliminar los datos de una página web o aplicación que los ha recopilado.

La auto soberanía de los datos pone en jaque modelos de negocio; también protege a las mismas empresas en el cumplimiento de la ley, facilita la relación con los usuarios y permite dar garantías en la utilización de los datos cedidos para un propósito, así como acceder a mecanismos de autenticación más amigables. Por ejemplo, con la identidad digital soberana se elimina la necesidad de responder a un formulario “know your customer” (KYC) en cada institución financiera.

Estonia es un país pionero en la implementación de identidades digitales auto soberanas y la Unión Europea también avanza a paso decidido en ese ámbito. Aun cuando éstas han sido iniciativas desde lo público, el estándar europeo viene de casos de uso que se iniciaron en el sector privado. Esta nueva generación de identidades digitales no sólo es un reflejo de su versión análoga, sino que amplía su concepto de atributos.

La necesidad de abrir la conversación y colaboración público-privada en Chile en torno a este tema se hace más evidente con miras al potencial de la implementación de la Ley Fintech, el Peso Digital y el deseo de lograr la tan anhelada inclusión financiera del futuro desde una mirada global.