Es año de elecciones, tiempo para balances y dar cuenta de las acciones y políticas adoptadas en los últimos años. Hoy nuestro potencial de crecimiento se limita al 2%, una cifra muy pobre e insuficiente para ir cerrando la brecha de desarrollo con las economías más avanzadas, que también crecen en torno a ese valor. Esto se traduce en una capacidad limitada para mejorar el bienestar de la sociedad y menores oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones.
¿Cómo llegamos a esa cifra mediocre? Contraviniendo una acción responsable. Se reconoce quen en los últimos años ha primado la mirada cortoplacista y el sesgo ideológico en definiciones clave de política, al tiempo que se ha ignorado el valor del fundamento técnico. Como la evidencia nos muestra, esto conlleva costos muy elevados. Pero no todo está perdido. Es necesario impulsar a la brevedad un conjunto de iniciativas que permitan volver a crecer en torno a 3% o, por qué no, a 4%. El potencial de 2%, como bien lo dijo el ministro de Hacienda en algún momento, no está escrito en piedra.
“Si abordamos con convicción y responsabilidad las tareas que tenemos por delante, podremos volver a soñar con ser un país desarrollado dentro de las próximas dos décadas”.
Enfrentar el desafío que se nos presenta requiere de trabajo y generar los incentivos correctos. En primer lugar, de acuerdo con un modelo empírico que desarrollamos en Bci, la reforma de pensiones llevará al largo plazo a un crecimiento adicional de 0,4%. El incremento de la cotización dirigido a cuentas individuales administradas por las AFP potencia el mercado de capitales y, por tanto, la inversión. Tenemos la opción, además, de dar un impulso en la dinámica económica de largo plazo, de la mano de un aumento de la participación de la mujer en el mercado laboral, para llevarla al nivel de países avanzados. Para esos efectos, el proyecto de sala cuna universal es central. Además, dicho sea de paso, esto contribuiría a elevar la tasa de fecundidad del país, que bien sabemos alcanza hoy cifras preocupantes. Requerimos, al mismo tiempo, que se aborden exitosamente los enormes problemas que enfrentamos en permisología, cuestión que frecuentemente hace noticia. Debemos, además, reducir la tasa de impuestos corporativos al valor promedio de los países de la OCDE, esto es 23%, junto con estructurar un marco tributario más simple y equitativo. Es necesario, finalmente, reducir los alarmantes indicadores de inseguridad y delincuencia, reconociendo un impacto económico tras este fenómeno, más allá del efecto en calidad de vida. Cada uno de estos últimos factores los hemos modelado empíricamente en Bci y, bien resueltos, aportan entre 0,2 y 0,3% de mayor crecimiento económico. Sumando, entonces, llegaríamos a un potencial de 3,2%.
Si sobre lo anterior capturamos los efectos positivos en productividad que se derivan de la adopción de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, lo cual exige una política pública que lo fomente, junto con un ambiente propicio para la inversión, entregando señales que refuercen la estabilidad y eleven la confianza, sería factible alcanzar tasas de crecimiento de largo plazo de 4%.
Por tanto, si abordamos con convicción y responsabilidad las tareas que tenemos por delante, podremos volver a soñar con ser un país desarrollado dentro de las próximas dos décadas. Solo de nosotros depende alcanzar esa meta.