Separar la paja del trigo

José Antonio Viera-Gallo

Hace meses que vivimos inmersos en un ciclón de escándalos, ansiosos y abrumados por las noticias. Siempre hay algo nuevo y sorprendente que alimenta el parloteo de las tertulias. ¿Hasta cuándo? ¿Caiga quien caiga? ¿Caiga dónde y por qué motivo? Se mezclan sin distinción actos de dudosa legalidad, reproches políticos, condenas éticas y presunciones de delitos con conductas que en otro contexto serían absolutamente aceptables.

A veces olvidamos que estamos en medio de una investigación penal llevada a cabo por los Fiscales bajo la tuición de los Jueces de Garantía. Los acusados se amparan en el principio de inocencia, y tienen razón; pero otra cosa diferente es la evaluación política que se haga respecto de un determinado comportamiento.

Los partidos no han sabido hacer esta distinción elemental, y aparecen ante la opinión pública defendiendo conductas reprochables.

Para ilustrar la necesidad de distinguir las situaciones y los planos en que se emiten los juicios, recurriré a un ejemplo actual.

Por la información en curso pareciera censurable el trabajo de la llamada pre campaña, es decir, de aquel período previo a la inscripción oficial de una candidatura. Nuestra ley es demasiado restrictiva. Baste pensar en el lanzamiento de las candidaturas presidenciales en EE.UU. con un año de anticipación.

Otro tanto ocurre entre nosotros. ¿Alguien piensa que la campaña presidencial última empezó el 19 de agosto? ¿Es ilegal el esfuerzo que sirve para preparar una candidatura? Obviamente, no lo es. No está prohibido. El problema es cómo se financia, y aquí hay que distinguir nuevamente entre métodos legales e ilegales.

Nadie podría censurar que hubiera un esfuerzo de dar a conocer la figura de un candidato o de preparación de su plataforma política hecha con la debida antelación, si estuviera legalmente financiada.

Tampoco se puede obviar que el proceso de primarias, que la ley regula, ocurre antes del período de campaña propiamente tal, y que existe un vacío respecto a la forma de financiar esa competencia.

¿Qué tiene de reprochable que un conjunto de personas - o más de uno - se hayan organizado para favorecer el retorno de M. Bachelet a La Moneda? ¿Qué hay de negativo en que hubieran encargado varios trabajos como insumos para elaborar las bases de un programa de gobierno o que hayan contratado encuestas para sondear cuáles eran las principales preocupaciones de los ciudadanos y la percepción que tenían de la posible candidata? ¿O que algunos de ellos hayan viajado a hablar con ella a Nueva York?

El único problema al cual debe abocarse la Fiscalía es dilucidar si el financiamiento de esa actividad de preparación de una campaña presidencial, se hizo o no conforme a la ley, y en caso que hubiere algún indicio de delito tributario o de apropiación indebida, quién es el presuntamente responsable.

Otra materia diferente es la evaluación política que se tenga de ese trabajo preliminar, de la forma en que se realizó, de los montos recaudados, del origen de los fondos y de los gastos en que se incurrió. Si se hizo con conocimiento o aprobación de la candidata no le interesa a la justicia; tampoco le incumbe indagar sobre la relación entre esa tarea y los partidos políticos que estaban dispuestos a sustentar su postulación a una elección primaria.

No mezclemos los planos: una cosa es una investigación judicial de carácter penal y otra muy diferente una apreciación política sobre lo ocurrido. Ayudaría a esta clarificación que las personas involucradas reconocieran los hechos tal cual ocurrieron, con la verdad por delante.