Seguro de longevidad: ¿Agua en la piscina?

Pedro Pizarro

En las últimas semanas se ha discutido ampliamente en el espectro político y a nivel de expertos sobre la conveniencia de establecer un seguro de longevidad, o un seguro de cuarta edad, en la reforma de pensiones, esto con el fin de destrabar la discusión parlamentaria y ampliar el margen para eventuales acuerdos. Al respecto, es bueno levantar algunos puntos.

En primer lugar, lo más destacable del concepto del seguro de longevidad es que efectivamente puede aumentar en forma inmediata el monto de las actuales pensiones, pero sólo para aquellos que están bajo la modalidad de retiro programado. En la práctica, el seguro implica dividir lo acumulado durante la vida laboral en un número fijo de años, eliminando las famosas tablas de mortalidad. Sin embargo, si queremos que esta alternativa sea sustentable en el tiempo, no podemos cometer el error de anclar el seguro desde una edad fija, es decir, que comience a los 85 años, por ejemplo, sino que lo óptimo sería definirlo por un determinado número de años (20) después de la edad legal de jubilación, para así dejar abierta la ventana a modificar automáticamente sus parámetros.

“Esta idea sí puede ser parte de la solución al tema previsional, pero sus riesgos financieros y políticos deben ser analizados en detalle para asegurar que los fondos previsionales se destinen sólo a ese fin y no sean vulnerables a los vaivenes políticos del momento”.

Por otro lado, por más que a nivel político parezca atractivo, lo cierto es que a nivel técnico el seguro de longevidad no existe en el mercado. Cada uno tiene sus cálculos respecto de cuánto costaría, dependiendo de su modalidad y sus parámetros. Por un lado, la propuesta de Demócratas señala que el seguro se podría financiar con un 1,8% de la cotización adicional del 6%. Otros estudios, de Solange Bernstein y Marcos Morales, por ejemplo, citan este costo más cercano a entre 2,1% y 2,5% de las cotizaciones.

En cualquier caso, el costo del seguro es variable al alza en el tiempo si es que sus beneficios se dejan claramente estipulados en el diseño de la ley como beneficios de monto definido. Con una población que envejece, el costo de los beneficios del seguro tendrá una tendencia al alza, situación que debe preverse, para saber desde ya cuánto costará a futuro y cómo se financiará.

Por todos estos factores, la idea del seguro de longevidad no es la panacea y debe tratarse y pensarse con mucho cuidado. Además, el seguro debe diseñarse de modo tal que su regresividad sea apaciguada, ya que es sabido que las personas que viven más años son las de mayores ingresos. De esta manera, se tienen que introducir mecanismos en su diseño para que los que ganen más paguen el seguro por más años, o algo similar.

Finalmente, el quién administre el seguro de longevidad también es una pregunta relevante. De no encontrarse el producto en el mercado es posible que el seguro, mirado con tanta esperanza desde algunos sectores, pase a ser administrado por el Estado, creando en la práctica un “fondo común” con sus conocidos riesgos de (mala) administración y/o captura política. La oposición no puede caer en esta trampa. Crear una figura como el AFC que administre este seguro vía licitación es una posibilidad.

En conclusión, parece haber agua en la piscina para el seguro de longevidad, pero no es LA solución al tema previsional, pero sí puede ser parte de dicha solución. No obstante, éste tiene que ser analizado en detalle y en profundidad, ya que, de no ser abordados estos riesgos financieros y políticos, la medida se vuelve inviable para aquellos que defendemos que los fondos previsionales se destinen exclusivamente a ese fin y no sean vulnerables a los vaivenes políticos del momento.