Secreto bancario, una nueva obsesión

CONSTANZA HUBE

Los emplazamientos que realiza el Presidente Gabriel Boric a distintos sectores del país se han convertido en algo habitual. Desde la oposición, pasando por empresarios, e incluso la prensa, han sido objeto de estas actuaciones del mandatario. Y esta semana no fue la excepción ¿La razón? La obsesión del Gobierno para terminar con el secreto bancario. Tanto es así, que el subsecretario del Interior señaló que “el secreto bancario protege la corrupción” y que “hace que la corrupción también sea secreta”. Se trata de audaces declaraciones de la autoridad encargada de la seguridad del país y que dan cuenta de una falsa concepción de la realidad.

El secreto bancario consiste en la obligación de los bancos de mantener la confidencialidad de la información financiera de sus clientes (qué compran, qué servicios utilizan, etc.). Sin embargo, no es absoluto, ya que se puede “levantar” y acceder a la información de una persona, previa autorización de un juez. Así, hoy el Servicio de Impuestos Internos (SII) puede pedir -ya que tiene la facultad- el alzamiento del secreto bancario de una persona, previo visto bueno de un tribunal de justicia. La pregunta es: ¿ejerce esta facultad el SII? Un estudio del Observatorio Judicial da cuenta que el organismo ha pedido a tribunales levantar el secreto bancario en solo 4 oportunidades en 10 años. En estas 4 ocasiones, los tribunales accedieron a esas solicitudes.

“No es un privilegio de los bancos mantener bajo secreto sus operaciones. Es un mandato para no infringir el derecho a la intimidad y privacidad de sus clientes”.

Hago hincapié en este tema, ya que pareciera que la gran batalla del oficialismo es evitar la autorización judicial y darle amplias potestades al SII para que pueda acceder a las cuentas de las personas, sin necesidad de un control externo.

Esto no solo no es deseable, sino que es derechamente peligroso para la protección de los derechos fundamentales. Los deberes de secreto y reserva bancarios son una expresión de la garantía constitucional a la privacidad de las personas. No se trata de una suerte de derecho, privilegio o beneficio de los bancos para mantener bajo secreto sus operaciones, sino que es un mandato para éstos de no infringir el derecho a la intimidad y privacidad de sus clientes y protegerlos de intrusiones de terceros. Por eso, son tan graves e irresponsables las declaraciones de altas autoridades de Gobierno.

La adrenalina que tiene el Ejecutivo por recaudar recursos a como dé lugar es evidente, pero esto no puede ser a costa de vulnerar un derecho esencial para una sociedad verdaderamente libre, como es la privacidad de las personas. En este sentido, una sugerencia para el Gobierno es partir por casa, revisando, por ejemplo, la abultada planilla de funcionarios públicos y asesores que han sido contratados en esta administración y eliminando programas mal evaluados de la Ley de Presupuesto. Esto no solo liberaría recursos para las personas, sino que también sería una señal de austeridad que los chilenos apreciarían.