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Alto contrasteRestar facultades al CNP es apuntar fuera del blanco
La Ley General de Pesca y Acuicultura de 1991 creó el Consejo Nacional de Pesca (CNP) para que agentes del sector pesquero participaran en las materias que la ley establece con carácter resolutivo, consultivo y asesor...
La Ley General de Pesca y Acuicultura de 1991 creó el Consejo Nacional de Pesca (CNP) para que agentes del sector pesquero participaran en las materias que la ley establece con carácter resolutivo, consultivo y asesor. Dicha participación es equilibrada: El Estado tiene 4 representantes y 7 son nominados por el presidente de la República con acuerdo del Senado. El sector artesanal cuenta con 6, el laboral con 6 y el empresarial con 6, incluidos los pequeños armadores y el representante de la acuicultura. En total, una amplia representación de 29 miembros, presididos por el subsecretario de Pesca.
Entre sus funciones está aprobar las cuotas globales anuales de captura que propone la Subsecretaría de Pesca, la que tiene la exclusividad de la iniciativa y basa sus informes técnicos en estudios de comités de expertos, universidades, Fondo de Investigación Pesquera e institutos de investigación pesquera privados y públicos. Por mayoría de sus miembros en ejercicio, el CNP aprueba o rechaza dicha propuesta tras un amplio debate, considerando la situación de la actividad pesquera nacional y las implicancias internacionales en recursos compartidos. En general, las proposiciones de la Subsecretaría de Pesca se aprueban; si ello no ocurre, el subsecretario tiene la facultad de aplicar como cuota para el siguiente período el 80% de la fijada para el año anterior.
En el último tiempo al CNP se le ha responsabilizado del estado de los recursos pesqueros, lo que no es efectivo. Quienes argumentan así desconocen la institucionalidad pesquera chilena y su funcionamiento o por razones ocultas están interesados en desprestigiar a un organismo que en sus 18 años de existencia ha colaborado eficazmente con la autoridad, evitando las presiones y logrando consensos en materias de gran complejidad técnica.
Restarle las facultades resolutivas al CNP sería un paso atrás en la participación de científicos, profesionales, empresarios pequeños y medianos, pescadores artesanales, tripulantes pesqueros y trabajadores de la industria. Las decisiones quedarían en manos del gobierno de turno, con el argumento que las únicas recomendaciones válidas provienen de la ciencia o de paneles de expertos, lo que no siempre es efectivo y certero.
La experiencia muestra un sinnúmero de equivocaciones provocadas por falta de antecedentes y aplicación de modelos que son constantemente superados, lo que obliga a establecer una indispensable función de vigilancia y enriquecimiento de las propuestas, rol que actualmente cumple el CNP. Su existencia permite consensuar las decisiones sobre cuotas y otras materias claves, las que una vez adoptadas no son objetadas, pues en su aprobación han participado todos los estamentos. Un Consejo sólo consultivo no incentivará a sus miembros a participar y se desdibujará en el tiempo.
La investigación sobre los recursos pesqueros y la fiscalización de su explotación son las tareas prioritarias que requieren atención y reformas profundas. Desmantelar el CNP, el que ha funcionado bien, es distraer la atención. No enfrentar los desafíos de la investigación y fiscalización es apuntar fuera del blanco.
