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Alto contrasteDesde hace un tiempo nuestro sistema financiero se ha visto fortalecido al ir madurando importantes cambios en ámbitos tan fundamentales como la protección de consumidor financiero, el acceso al mercado del crédito formal y el fomento a la competencia. Un ejemplo de esto fue la creación de la figura de créditos universales para productos hipotecarios, de consumo y tarjetas de crédito como una manera de favorecer la comparabilidad y competencia entre oferentes. Ésta fue una buena instancia para que la industria del crédito se preparara para la entrada del Sernac Financiero, que llevó a la industria a revisar todos los contratos de adhesión y a satisfacer diversos requisitos de información.
Sin embargo, si hiciéramos una encuesta probablemente muy pocos sabrían a que se refieren estos “créditos universales” que aparecen en los centros de atención de clientes. De la misma manera, la sigla “CAE” también se presta para confusiones, y se tiende a asociar a una sigla que representa a un crédito con aval del Estado, más que a su verdadero significado de “Carga Anual Equivalente”. Preocupante realidad si pensamos que este concepto es crucial para la comparación entre proveedores de créditos para productos homogéneos. Estos son sólo ejemplos de regulaciones que han tenido éxitos relativos a la hora de promover la inclusión financiera y una relación más simétrica entre proveedores y consumidores de servicios financieros. Es clave considerar estas experiencias en la discusión del paquete de reformas que actualmente se discuten en el Congreso, especialmente la reducción de la tasa máxima convencional, la creación de un sistema de información comercial consolidada y la modificación a los descuentos por planilla.
En general, todas estas iniciativas parten del supuesto de que hay problemas de información entre los agentes, no sólo por parte de los consumidores, sino también entre los proveedores de crédito que no poseen toda la información relevante de los clientes para una adecuada evaluación y asignación de riesgo. Así, consumidores y empresas no poseen toda la información relevante, por lo que se toman decisiones financieras que no son las óptimas. Por lo mismo, estos esfuerzos regulatorios difícilmente tendrán mayor éxito si los consumidores no están preparados para comprender e internalizar sus decisiones financieras. Nuevamente, la educación vuelve a ser cuestionada, pero ahora el problema es con la educación financiera.
En general, las iniciativas públicas y privadas destinadas a profundizar la educación financiera han sido escasas. Durante la educación básica y media no hay unidades temáticas al respecto. Por otra parte, los mismos estudiantes de pedagogía tampoco están preparados para enseñarla. Los esfuerzos públicos se han supeditado a algunos programas del Sernac, del Ministerio de Desarrollo Social, del Comité de Superintendentes, el Banco Central y la recientemente creada Secretaría Técnica del Ministerio de Hacienda de inclusión y educación financiera. Pese a hay muchas otras agencias públicas que también se han involucrado en el tema, los esfuerzos han sido insuficientes. Como resultado, probablemente los consumidores financieros no están preparados para aprovechar las ventajas tanto del sistema financiero o de las reformas que hoy se discuten.
La solución a este problema parte por generar más y mejores esfuerzos que permitan a las personas tomar mejores decisiones financieras. Esto debiese comenzar por la implementación de un plan nacional de educación. Lo anterior tendrá efectos en el mediano plazo, por lo que mientras se concreta, debiesen existir alianzas entre consumidores y proveedores privados con el respaldo y revisión de la autoridad pública. En esta coyuntura es clave que las empresas contribuyan a la educación financiera a través de iniciativas focalizadas, que se ajusten a las mejores prácticas internacionales, por ejemplo las directivas de la OCDE, y evitando la asociación a prácticas comerciales. Sólo de esta manera los cambios regulatorios tendrán el impacto deseado. Y sólo de esta manera tendremos participantes del sistema financiero informados y más preparados para tomar mejores decisiones sobre ahorro y endeudamiento.
