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Alto contrasteSólo ocho meses después de que el Congreso aprobara un reajuste del salario mínimo de 3,3% real -llevándolo a $ 193.000 por mes-, el gobierno anuncia que no esperará a julio próximo para proceder a un nuevo incremento, para dejarlo en poco más de
$ 200.000 en las próximas semanas.
Desde el Instituto Libertad ya habíamos insistido en la necesidad de realizar un esfuerzo adicional que permita reducir las fuertes desigualdades que existen en el país, donde el punto de partida es mejorar el ingreso mínimo de los trabajadores en el sector privado. En julio de 2012 sugerimos elevar el ingreso mínimo a $ 200.000, lo que fue sustentado técnicamente por distintos informes y análisis elaborados por profesionales del Instituto Libertad. El planteamiento consistía en un incremento gradual para el período julio 2012-junio 2013 en que durante los primeros nueve meses el salario mínimo sería de $ 190.066 mientras que para el resto del período $ 200.000.
Este planteamiento consideraba un salario promedio de $ 193.000, mismo que se aprobó en julio de 2012, y se basa en los supuestos de productividad e inflación esperada de acuerdo al Informe de Política Monetaria de junio de ese año. Además, se planteaba un aumento salarial automático para el período de 2013-2014 de $ 193.000 a $ 204.001. Este cálculo considera el supuesto del mismo nivel de productividad utilizado en el año anterior (2,7%) y una inflación esperada de 3%. La decisión del gobierno y la evidencia de los datos nos dan la razón, era posible -y conveniente- contribuir con un pequeño esfuerzo adicional a disminuir las desigualdades que afectan a gran parte de los trabajadores del país.
No obstante la conveniencia de una nueva alza en el salario mínimo, el timing elegido por el gobierno puede no ser el más oportuno, toda vez que desplaza los razonamientos técnicos en favor de argumentos electorales. Se hace cada vez más necesario avanzar hacia una reforma institucional con el fin de crear una instancia técnica asesora capaz de proponer al gobierno el reajuste apropiado tanto para los empleados del sector público como en términos del salario mínimo en una economía de libre mercado. De esta forma, se reduciría el uso político que todos los años se observa respecto de esta materia por parte de diferentes actores sociales, y se pondría término a una herramienta que hoy se inserta dentro de las políticas asistencialistas de las autoridades de turno.
