“¿Qué hacer con las cuentas fiscales?”

DARÍO ROMERO

Una de las cosas gratificantes para los tributaristas en el último tiempo ha sido el nivel de atención que hoy se presta a las discusiones sobre reforma tributaria. Esta discusión es de capital importancia para la sostenibilidad de las cuentas fiscales, pero se ha ido poniendo más compleja y polémica -y algo frustrante- a medida que el tiempo pasa.

Es bien sabido que las finanzas públicas están en una senda de progresivo deterioro. En el último tiempo, la deuda ha crecido, los activos del Tesoro Público han bajado, y las holguras fiscales son limitadas; en consecuencia, no existe espacio para incurrir en nuevos gastos permanentes, salvo que se incrementen los ingresos o se disminuya el gasto. Para la salud financiera de nuestro país parece ser imperativo adoptar al menos una de estas estrategias, pero ¿cómo lograrlo?

“El instinto del Gobierno en torno a lograr un pacto fiscal es correcto, pero la verdad es que parece haber poca convicción de todas las partes involucradas”.

Nuestra recaudación fiscal como porcentaje del PIB bajó a 17,6% en 2023, desde 21% en 2022, lo que complica aún más las cosas. Pero quizás más relevante que ese dato puntual es que la recaudación se ha mantenido flotando por muchos años en torno a 20% del PIB, a pesar de que ha habido sucesivas reformas tributarias que han incrementado significativamente la tributación y que, en todos los casos, no han estimado de manera certera los incrementos de recaudación que sus autores y Hacienda esperaban.

¿Qué pasa exactamente? Depende de a quién se le pregunte. Muchos expertos señalan que la tributación a las rentas personales es el problema, ya que existen tramos exentos muy significativos y, por tanto, la base de contribuyentes es muy pequeña cuando se compara con la OCDE. Esto es objetivamente incontrovertible, el problema es que subirle impuestos a las personas de menores ingresos no es una idea popular en política. Recordemos que el foco del primer proyecto de reforma del actual Gobierno era justamente subir impuestos a los contribuyentes con mayores recursos.

El instinto del Gobierno en torno a lograr un pacto fiscal es correcto, pero parece haber poca convicción en todas las partes involucradas. En el mundo privado, varios actores han expresado sus dudas respecto de las estimaciones de recaudación del proyecto de cumplimiento, que en buena medida consagra legalmente cosas que en la práctica ya ocurren.

A fines del año pasado, el SII presentó un informe que concluía que había una brecha de cumplimiento en impuesto corporativo a la renta de 51,4%, y de 18,4% en IVA; sin embargo, se han levantado varias objeciones, entre ellas que Chile recauda como porcentaje del PIB un monto similar a otros países con tasas corporativas similares y bajas mediciones de evasión. A su vez, hay actores que apuntan a la “economía sumergida” como uno de los focos que más brechas causa. El problema, en este caso, no sería que se requieren reformas legales, sino que las herramientas que hay no se usan. Por por ejemplo, el comercio clandestino ya está sancionado, por lo que sería simplemente un problema de voluntad que no se le ponga atajo.

Otros dicen que el problema está por el lado de los gastos, y el caso de las fundaciones y variados escándalos en municipalidades parece confirmarlo, al menos de manera anecdótica. Acá tampoco parece haber gran voluntad política, y hay rigideces legales probablemente insalvables, como el estatuto administrativo.

Todo lo anterior es -al menos para quien escribe- muy interesante, pero a la vez frustrante, ya que no parece haber salida creíble al empeoramiento de las cuentas fiscales. Como en todo, hay opiniones, pero al menos a mí no me acomoda ni me parece justo gastarme los recursos de mis nietos. El alza del precio del cobre probablemente nos dé un respiro, pero es poco probable que sea una solución para el largo y mediano plazo. Es muy difícil decir cuál es la receta perfecta, pero como en todas las cosas, lo mejor es enemigo de lo bueno.