¿Qué debería considerar un pacto fiscal?

MAURICIO VILLENA

En una reunión esta semana con la CPC, el ministro Mario Marcel delineó lo que sería una nueva propuesta de reforma tributaria. Explicitó una meta de recaudación cercana al 2% del PIB (el proyecto original planteaba 3,2%) y propuso ejes para la discusión: priorizar las necesidades de gasto; mejor manejo de los recursos; consensuar modificaciones al proyecto original; analizar los efectos del crecimiento en la recaudación y definir mecanismos de seguimiento y evaluación del pacto fiscal.

Es muy positivo que este pacto apunte no solo a recaudar más, sino también a discutir cómo mejorar el manejo de recursos públicos: junto con qué impuestos subir y cuánto, es clave buscar mayor calidad en el gasto. Entre las herramientas de política fiscal, léase impuestos y gastos, los últimos son más efectivos en mejorar la calidad de vida de las personas y la distribución del ingreso. Si el gasto público no es de calidad, disminuye la disposición a pagar impuestos y la legitimidad del sistema tributario: lo vemos en vecinos de Latinoamérica con recaudación extremadamente baja, en parte por la mala calidad de los bienes públicos, el patronaje, clientelismo político y corrupción de funcionarios de gobierno.

“Es clave que el Congreso discuta si estas son prioridades ciudadanas y si concitan amplio apoyo político y técnico, a fin de minimizar el riesgo de inconsistencia temporal de la política fiscal”.

Para mayor eficiencia del gasto, podría analizarse un ajuste fiscal que reduzca el aporte del aparato público a la inflación, aún muy superior a la meta del banco central. Ajustes como los de 2011 o 2018 pueden recaudar hoy entre US$ 750 millones y US$ 800 millones. La Dipres comenzó un esfuerzo que debe profundizarse: por ejemplo, seguir reduciendo el gasto en viáticos y horas extras, sueldos de asesores, uso de vehículos y equipos, o viajes de funcionarios públicos. A esto deben sumarse reglas más claras y exigentes para la contratación en la administración pública.

También es relevante transparentar el destino de los recursos, condición mencionada en los Diálogos Sociales (2022) y el Pacto Tributario (2023). Se acaban de identificar siete prioridades: subir el valor y cobertura de la Pensión Garantizada Universal (PGU), reducir las listas de espera quirúrgicas y de especialidades, fortalecer la atención primaria y de salud mental, sala cuna universal, sistema nacional de cuidados, seguridad ciudadana y la llamada deuda histórica de profesores. Es clave que el Congreso discuta si estas son prioridades ciudadanas y si concitan amplio apoyo político y técnico, a fin de minimizar el riesgo de inconsistencia temporal de la política fiscal, que radica en que el gobierno actual no puede atar a los futuros a su política, produciéndose un cambio constante en las políticas tributarias que daña el ahorro, inversión y crecimiento.

Por último, un pacto fiscal podría reducir la incertidumbre producto del debate tributario, pero el gobierno ha explicitado que, tramitada la reforma, estudiará la condonación del CAE, que puede costar al Fisco unos US$ 500 millones anuales. Con ello, La Moneda deja abiertas las dudas sobre la situación fiscal, y los agentes económicos seguirán apostando por otro ajuste en el corto plazo.