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Alto contrastePara nadie es un misterio que no era al ámbito de las reformas políticas al que el presidente Piñera pensaba dedicarle más tiempo. Ha tenido que arremeter con ellas varias veces, enfrentando el entorno hostil de su propio sector, tradicionalmente obstruccionista en estas materias. Su gobierno ha debido enfrentar contingencias, más allá de las derivadas de la naturaleza, que lo obligan a colocarlas al mismo nivel que la seguridad y el crecimiento, sus dos promesas de campaña.
Nos referimos a la crisis de representación que, si bien viene siendo recogida por las encuestas con datos acerca del descrédito del Parlamento y de los partidos, el movimiento estudiantil terminó por visibilizar. Chile asiste a una desafección política generalizada en la que el casi 60% de abstención en las elecciones municipales es apenas un nuevo dato, suscitando varias preguntas. Por un lado, acerca del impacto de una agenda en curso que responde más a desafíos del pasado que a los derivados del cambio de ciclo político. Por otro, acerca de los límites y posibilidades de reformas impulsadas por la misma institucionalidad que está puesta en cuestión.
Pero hay otros factores relacionados con las dificultades que experimenta la política en Chile y que escapan a la comprensión tradicional de las reformas políticas, ancladas en los dilemas de representación, inclusión y transparencia. Nos referimos a la cooperación y la coordinación política, cuya expectativa de cumplimiento está radicada en la presidencia y, más concretamente, en el llamado “centro de gobierno”. Este, de acuerdo a Tomassini, sería “el círculo de instituciones y personas con las cuales el presidente habitualmente toma las decisiones importantes del gobierno”.
El reciente cambio de gabinete, con el nombramiento del ministro Chadwick en Interior, intenta responder a estos dilemas. Hasta el momento, se ha pensado que dichas capacidades recalan más en individuos que en un entorno presidencial profesional y cohesionado, para lo cual habría que avanzar en criterios de estabilidad.
Otras dimensiones importantes de dicha gestión son la transversalidad, la intersectorialidad y, en particular, la de planificación. Un ejemplo lo entrega un reciente informe de la OCDE en materia de desafíos de gobernabilidad en materia de agua en la región. Respecto de Chile, aparecen como obstáculos la ausencia de planificación estratégica y la presencia de ocho entidades públicas que intervienen en la gestión del agua, entre otros.
La tradición analítica sobre la presidencia, centrada más en la búsqueda de limitaciones a una institución aparentemente poderosa que en una posible reestructuración de sus procesos y niveles internos para dotar sus decisiones de continuidad y persistencia, no contribuyen a mirarla con otros ojos. Disponer de mayorías parlamentarias para el avance de la propia agenda parece una condición necesaria, más aún en un ambiente de negociación y regateo pequeño que, sin duda, es uno de los factores que producen irritación ciudadana. Sin embargo, parece no resultar suficiente cuando se enfrentan mandatos de cuatro años. Tampoco está claro que ello pudiera impedir el tropiezo con una piedra similar al Transantiago.
Estos asuntos, aunque no revisten el atractivo necesario para convertirse en temas de campaña, se asientan en una certeza: si bien la figura presidencial se ve hoy afectada por una merma de adhesión, sigue constituyendo fuente de respuesta para todo tipo de expectativas. Es de esperar que quien aspire a ocuparla haya reflexionado sobre aspectos para los que, sin duda, mucho contribuye la experiencia política previa. No pueden minimizarse los desafíos que impone la gestión de la contingencia y la tematización de una complejidad que demanda marcos sistémicos a la hora de sortear las complejidades organizacionales del Estado. El libro que hemos coeditado recientemente con Eugenio Rivera titulado “La trastienda del gobierno” entrega pistas sobre ello.
