Planificación urbana: competencias que no funcionan

Marcela Ruiz-Tagle O.

A dos años de la elección de gobernadores no resulta simple evaluar su gestión, ya que sus atribuciones aún son limitadas. Entre las competencias inicialmente asignadas se encuentran las relativas a la planificación territorial. Son los responsables de formular las políticas de desarrollo regional y los respectivos planes de ordenamiento territorial, pero no de su materialización en planes reguladores metropolitanos e intercomunales, cuya responsabilidad corresponde al Minvu, a través de sus Seremi. ¿Tiene esto sentido?

Los instrumentos de responsabilidad de las gobernaciones debieran guiar las prioridades y condiciones para la materialización de las iniciativas públicas y privadas, incidiendo así en la calidad de vida de las personas. En el caso de la Estrategia de Desarrollo Regional, a la fecha sólo cuatro regiones cuentan con esta herramienta actualizada con foco al 2030. El resto aun orienta su trabajo bajo lineamientos elaborados entre 2010 y 2012 con un horizonte al 2020. Su actualización demora en promedio dos años, por lo que la mayoría contará con este instrumento para guiar su gestión al final de su mandato.

“Los instrumentos de responsabilidad de las gobernaciones debieran guiar las prioridades y condiciones para la materialización de las iniciativas urbanas públicas y privadas”.

La situación es aun menos alentadora en el caso de los planes reguladores metropolitanos o intercomunales. En ellos se deben plasmar los objetivos anteriores. Se define el límite urbano, se establecen las condiciones e intensidad de uso de suelo, se orienta la localización del desarrollo futuro de la infraestructura relevante para el funcionamiento de la ciudad, como redes viales y transporte, sanitarias, hospitales, vertederos, o la conformación de subcentros urbanos de forma de facilitar la vida en la ciudad y maximizar el beneficio social asociado a la inversión pública que en ella se materializa.

Las principales áreas metropolitanas del país no cuentan con este instrumento actualizado y consistente con la estrategia de desarrollo regional. Lo que se ha dado es la incorporación de modificaciones parciales, principalmente para poder concretar inversiones de infraestructura pública o habilitar normas de uso de suelo para vivienda social. A modo de ejemplo el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (o PRMS) vigente rige desde 1994 y se le han propuesto 134 modificaciones, las que aún no han sido aprobadas en su totalidad.

La fragmentación de la planificación y su parcelación en el tiempo, así como la falta de transparencia y seguimiento de su gestión son elementos que no sólo impiden el desarrollo, sino que imponen un costo económico y social. Según un estudio de la Universidad Católica, el potencial de densificación con mirada estratégica en áreas consolidadas y estructurantes de la ciudad de Santiago -con opciones de conectividad y accesibilidad de forma de disminuir externalidades favoreciendo la proximidad y las economías de aglomeración-, alcanzaría las 4.000 hectáreas y permitiría la edificación de 645.000 viviendas en zonas con entorno urbano destacable o intermedio de la ciudad, pudiendo acoger el déficit potencial de 260 mil viviendas que se estima para la región.