Pensiones: ¿una reforma ideológica?

Luis Felipe Lagos M.

El ministro de Hacienda y el subsecretario de Previsión Social se han esmerado en argumentar que la reforma de pensiones no es ideológica, y que su principal objetivo sería aumentar las pensiones actuales y futuras.

Sin embargo, el Presidente Boric (columna diario El País) y la ministra del Trabajo (numerosas entrevistas), así como el propio proyecto de reforma, insisten en afirmar, sin evidencia alguna, que “el sistema de capitalización individual ha fracasado y que las AFP deben desaparecer”.

“La discusión parlamentaria sobre pensiones debiera centrarse en el sesgo estatista de la reforma previsional y en el riesgo político que esto representa”.

Cualquier ciudadano medianamente informado sabe que las bajas pensiones responden a las lagunas e informalidad laboral, a la baja tasa de cotización y al aumento en la esperanza de vida, sin un ajuste en la edad de jubilación. Las administradoras no son responsables de esto y la capitalización individual ha permitido multiplicar los ahorros; más de un 70% de los fondos acumulados corresponde a rentabilidad. Sin capitalización, las pensiones serían aun más bajas.

El proyecto de reforma no sólo tiene como objetivo mejorar las pensiones (dicho sea de paso, las pensiones solidarias (PGU) se han duplicado y su cobertura ampliado al 90%, y los aportes en las cuentas nocionales propuestas llevarán a un incremento menor en las pensiones que la cuenta individual). Un objetivo central es aumentar la participación del Estado en el sistema de pensiones y, a la vez, reducir la importancia del sector privado. Esto se logra a través de distintos medios.

En primer lugar, se prefiere derogar el DL 3.500 que establece la capitalización individual, a efectuar modificaciones; es una opción por la refundación. En segundo término, se crea un monopolio estatal para la administración de cuentas, argumentando la existencia de economías de escala que no estarían aprovechadas por Previred; y por último, se introduce un inversor público que en el papel compite con inversores privados, pero es la alternativa por defecto y los privados tendrán restricciones para hacer publicidad.

La preeminencia del Estado administrando cuentas e invirtiendo fondos, aparte de los problemas de eficiencia, constituye un riesgo para la propiedad futura de los ahorros previsionales de los trabajadores. El riesgo político es evidente, al no asegurarse debidamente la autonomía de estas instituciones y no primar consideraciones técnicas en la elección de consejeros (LyD Reseña Legislativa 1559). Además, afectaría la profundidad y eficiencia del mercado de capitales, y las decisiones de empresas privadas, al participar el Estado en sus directorios.

Al respecto, el caso de Argentina, y de Bolivia recientemente, es muy ilustrativo. Primero se modificó la ley que había creado las administradoras, después se les obligó a aumentar significativamente la compra de bonos gubernamentales, con el consiguiente perjuicio en la rentabilidad de los fondos; por último, recurriendo justamente a la caída en el retorno como argumento, se traspasaron los fondos de las administradoras privadas a una estatal. Hoy, las pensiones en Argentina son mucho más bajas.

Se puede sostener que esto no ocurrirá en Chile hoy, pero estamos asumiendo un riesgo para el futuro al incrementar la participación del Estado. Es análogo a concluir, por ejemplo, que el Banco Central no va a generar inflación hoy, por lo tanto, permitamos en la ley que pueda financiar al Fisco, olvidando lo que puede ocurrir en el futuro.

La discusión parlamentaria debiera centrarse en el sesgo estatista de la reforma previsional y el riesgo político que esto representa.