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Alto contraste
A fines de enero la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó la idea de legislar respecto del proyecto que envió el Ejecutivo en noviembre pasado, sobre reforma del sistema de pensiones, el cual, entre otras materias, propone un sistema mixto y un seguro social.
Los cambios propuestos son necesarios, complejos y de gran calado. Se modifican parámetros al elevar en un 60% la cotización de cargo empresarial; se incrementa la base imponible y se progresa en exigir cumplir 65 años para optar a algunas prestaciones no contributivas, considerando un mecanismo indirecto de incremento de la edad de pensión, sin resolver desde ya el aumento progresivo de la época de acceso a la prestación.
Seguramente en todo ello no existirán mayores dificultades al definir los “bordes”, como se ha anunciado. La controversia en estos puntos podría estar en la progresividad del aumento de la cotización y de su base imponible.
Los cambios paramétricos descritos, no son suficientes si no se atiende a la cuestión de fondo: el nivel de las pensiones, tanto para actuales como futuros pensionados. Existen como el proyecto aborda, otros cambios de orden estructural, que requieren ser revisados/reformados para dar respuesta a las dificultades que hoy se enfrentan y hacen poco legítimo el sistema, además de lo alejado que se encuentra de las tendencias en el ámbito comparado.
La propuesta del seguro social como parte del pilar contributivo, en la configuración que en definitiva se pacte, permitirá contar con un sistema efectivamente mixto en su extensión completa. Es decir, un pilar básico no contributivo con base en la Pensión Garantizada Universal (PGU) y las prestaciones solidarias por invalidez.
A él se agrega el pilar general obligatorio y contributivo, constituido por capitalización individual y seguro social, como base principal de la pensión a diferencia de lo actual: la prestación autofinanciada, en los hechos para la mayoría, es un complemento de la PGU.
Sobre esta última -gran avance en protección social-, no correspondería incrementarla más allá de lo propuesto: ella debe atender la carencia de ingresos y un nivel mínimo para la mayoría de la población en la vejez. Por su parte, los fondos de cotizaciones y sus rentabilidades han de considerar mecanismos correctivos por sexo y “cuidados”. En estos y otros aspectos se plasma la solidaridad intra e intergeneracional. La primera muestra de recuperarla tiene que ver cómo, sin recurrir a los escasos recursos fiscales, se pueden mejorar las pensiones de los actuales pensionados, cuyo monto en la mediana, es contraria a la dignidad que se debe otorgar por la pensión.
En cuanto al pilar voluntario, la tendencia es a mejorar los programas complementarios por capitalización individual y de empresas. Allí también procedería poner mayor acento en el debate parlamentario, a partir de lo propuesto por el Ejecutivo.
Queda pendiente la discusión sobre la organización de la gestión de soporte e inversión de los cuantiosos recursos de las cotizaciones, que se cruza con definir el rol principal del Estado y de la participación de los privados, temas no menores acerca de la legitimidad, eficiencia social y económica de los resultados de la reforma. Sobre estos aspectos corresponderá conversar al tratar de bordes, tarea de marzo, si nos atenemos a lo acordado en enero.
