Pensiones, ¿cómo avanzar?

Ingrid Jones

Nos hemos enterado por la prensa de que el Gobierno estaría dispuesto a modificar ciertos aspectos de la reforma de pensiones, siendo el primer trascendido la caída de las cuentas nocionales. Sin embargo, en concreto hasta ahora nada sabemos sobre el nuevo diseño. Lo que sí es cierto es que distintos grupos de expertos, así como también organismos internacionales, han realizado propuestas cuya finalidad es mejorar el sistema.

Un planteamiento en este sentido es aumentar la tasa de cotización en 6%, lo que mejora las pensiones futuras de quienes están iniciando su vida laboral o están en sus primeros años en 60%. Pero este ahorro debe ir a las cuentas individuales de propiedad de los trabajadores, que pueden ser administradas por instituciones privadas o por una administradora pública, que compitan bajo las mismas reglas y que sean las personas quienes elijan libremente a cuál de ellas se afilian.

“Una idea es aumentar la tasa de cotización en 6%, lo que mejora las pensiones futuras de quienes están en sus primeros años de vida laboral en 60%. Pero este ahorro debe ir a las cuentas individuales de propiedad de los trabajadores, administradas por instituciones privadas o por una entidad pública”.

¿Y qué hacer con las bajas pensiones actuales? Se puede garantizar una tasa de reemplazo objetivo de, por ejemplo 62%-70%, la que debiese ser determinada por una Comisión de Expertos. Se requeriría que el Estado contribuyera con 0,2% -0,4% del PIB para elevar los montos de las pensiones a estas tasas.

¿Y la solidaridad? Hoy el sistema de pensiones tiene un fuerte componente solidario, que cuesta 2,3% del PIB. Un camino factible es elevar el monto de la PGU a la línea de la pobreza y aumentarla en un 30% por sobre este monto a mujeres que hayan cotizado al menos 15 años, como también a personas con dependencia severa. Esto, en promedio, tiene un costo de 0,23% del PIB. La mejora del monto de la PGU así como el aporte fiscal para elevar las pensiones a una tasa de reemplazo objetivo, significan recursos públicos adicionales entre 0,43% y 0,63% del PIB, que pueden ser financiados con parte de los recursos del royalty y la implementación de medidas que combatan la evasión y la elusión, junto con la eliminación de exenciones injustificadas. También se debe revisar la normativa vinculada al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) y evaluar la reasignación del gasto público.

Si bien Chile se ubica en el cuarto lugar en cuanto a gestión de costos administrativos de sistemas de pensiones a nivel global (por sobre Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca), existe espacio para introducir más competencia en la industria y lograr comisiones más bajas para los usuarios: incorporar una administradora pública, aprovechar economías de escala en tareas de cobranza, mayor transparencia en el cobro de comisiones de intermediación, mayor fiscalización sobre cotizaciones impagas y evaluar la posibilidad de profundizar o ampliar la licitación de nuevos afiliados.

Finalmente, es necesario disminuir la informalidad laboral. Si tres de cada 10 trabajadores no cotizan, habrá un grupo importante de personas que en el futuro tendrá pensiones muy bajas sustentadas sólo por el componente solidario del sistema de pensiones. Por lo tanto, las personas deben tener un incentivo a formalizarse y no hay mayor incentivo que saber que sus recursos estarán ahí para cuando se pensionen y que el Estado les garantiza un nivel mínimo de ingresos para la vejez, pero que son los ahorros de su trabajo los que finalmente determinan qué tan alta puede llegar a ser su pensión.