Paros

La Constitución Política garantiza, y el Código del Trabajo reglamenta el derecho de los trabajadores a declararse en huelga, en el marco de una negociación colectiva orientada a lograr soluciones justas, pacíficas y de beneficio común. Esta prioridad del beneficio común inspira la prohibición constitucional de declararse en huelga que afecta a los funcionarios del Estado y de las municipalidades. La misma prohibición absoluta de paro se extiende a quienes trabajan en corporaciones o empresas de cualquier naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública, o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional.

Esta explícita prohibición constitucional es, en Chile, letra muerta. Sufrimos a diario los paros de servicios públicos que atienden urgencias impostergables o dan prestaciones que el monopolio estatal prohíbe obtener en una empresa privada. El sector salud en hospitales o consultorios es liderado por dirigentes que obedecen al partido político que allí los impuso. Alardean de representar las legítimas reivindicaciones de su gremio. Pero lo hacen demandando exigencias que sabidamente no serán aceptadas por la autoridad. Obtenido el previsible rechazo, llaman a paro y decretan la cesación del servicio que legalmente deben prestar. Saben que todo eso es inconstitucional y por eso mismo lo hacen: el transgresor, el rebelde infractor de la legalidad tiene hoy asegurada máxima notoriedad pública y un cierto halo de intrépido justiciero. ¿Pero cómo?, objetará el ingenuo. ¿Qué halo o aureola de benefactor embellecerá el averiado rostro del que ordena paralizar un servicio de salud, sumiendo en la impotencia y desesperación a miles de enfermos y accidentados, ancianos y niños despojados de su garantizado derecho a ser oportunamente atendidos por estos servidores públicos de la vida e integridad física y síquica de toda persona?

Por eso mismo. El transgresor se viste de héroe, negociando lo que él asegura son requisitos indispensables para mejor servir a la gente. Y aquí se concreta la cínica contradicción que pocos aciertan a percibir. Los mismos que se hacen famosos arguyendo que la salud no es un negocio, negocian con la salud de sus frustrados pacientes. La utilizan con la misma sangre fría con que un secuestrador negocia el precio de rescate para liberar con vida a su rehén. Y no negocian en los términos convencionales, donde las partes se enfrentan en simétrica igualdad de armas. Lo suyo es el chantaje, la brutal extorsión del que juega a ganador apostando lo que no es suyo: la vida y salud de los enfermos desvalidos.

Juegan a ganador: saben que nada malo les pasará. No los despedirán ni les rebajarán el sueldo. Negocian desde la impunidad. Su gran aliado es la lenidad de quienes juraron hacer respetar la Constitución.

Conviene recordarlo a la hora de votar.