VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contrasteSin duda, estamos frente a un proceso de modernización de la Ley General de Pesca y Acuicultura de 1989 y sus modificaciones, muchas de ellas que han fortalecido y algunas otras han debilitado la conservación de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente. Sin embargo, ahora se tramita una iniciativa para responder a una situación inducida por el término de la Ley 19.849, que fue aprobada en diciembre de 2002 y que prorrogó la vigencia de los Límites Máximos de Captura por Armador por diez años, hasta el 31 de diciembre de 2012; como también, este proyecto de ley en trámite aprovecha la oportunidad para modernizar o perfeccionar la normativa sectorial en base la realidad y las experiencias nacionales e internacionales acumuladas en la administración o manejo de las pesquerías.
El proyecto de ley incluye distintos aspectos y diversos asuntos para conceptualizar, comprender y fortalecer la conservación de los recursos hidrobiológicos para asegurar una explotación racional y el ejercicio de actividades pesqueras en el largo plazo; consecuentemente, explicita y estructura la aplicación de un conjunto conceptos y definiciones básicas, como por ejemplo el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos, el rendimiento máximo sostenible, punto biológico y otros, que junto con el establecimiento de instancias institucionales que aseguran la aplicación del conocimiento especializado científico y técnico facilitará la adopción de las medidas de conservación y manejo de las pesquerías; como asimismo también, frente a la ausencia, insuficiencia, desconfianza o resistencia a aceptar el conocimiento disponible, se incluye el enfoque precautorio, es decir, obliga a la autoridad ser cautelosa y decidir en favor de la protección de los recursos pesqueros por simple precaución.
El valor de esta nueva modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura, sin duda, se proyecta mediante ajustes a los procedimientos que obligan a la autoridad a adoptar decisiones de acuerdo a la normativa y con el debido respeto al conocimiento especializado científico y técnico del estado de las pesquerías; y, por otra parte debe evaluar cada cinco años la eficacia e implementación de medidas de conservación y administración. Ordena la participación de los distintos actores públicos y privados para garantizar la gobernabilidad y prestigiar la institucionalidad con instancias interactivas de administración pesquera. En esta perspectiva, se proyectan los Comités Científicos y Técnicos de Pesquerías y de Acuicultura, los Comités de Manejo, además de la Comisión Nacional de Pesca, Comisión Nacional de Acuicultura y los Consejos Zonales de Pesca.
Esta relación precedente es sólo a vía de ejemplo, porque la iniciativa en trámite considera otros aspectos igualmente valiosos y coherentes con esta modernización de la normativa sectorial como la orientación hacia el enfoque ecosistémico en la regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan esos recursos; el perfeccionamiento de la recopilación de la información para las estadísticas de las actividades pesqueras primarias, secundarias y terciarias; programa de investigaciones para la regulación de las pesquerías y la acuicultura; requisitos a la investigación que realice el Instituto Fomento Pesquero; perfecciones a las disposiciones relacionadas con las sanciones y responsabilidades de las infracciones a la normativa vigente; además de las patentes pesqueras se agrega un impuesto específico cuyo monto corresponde al número de toneladas que tenga derecho a extraer; perfecciona la estructura de los planes de manejo de las pesquerías; restructurar el sector pesquero artesanal al considerara los acuerdos de fraccionamiento de las cuotas anuales permisibles y al establecer que los armadores de embarcaciones artesanales de una eslora total igual o superior a 12 metros pagarán una patente, entre otras disposiciones; programas de inserción laboral y de apoyo social; es decireste proyecto de ley, cubre un universo de situaciones que requerían atención para mantener la vigencia de los objetivos de la normativa del sector y para la consolidación de la administración de la pesca y la acuicultura nacional.
Finalmente, es meritorio hacer notar que la formulación y magnitud de esta iniciativa legislativa refleja moral y ética, junto a un cabal respeto al orden público y al uso del conocimiento en favor de la administración y para tutelar la conservación aquellos bienes que constituyen una riqueza natural y fuente valiosa de alimentos. Sin duda, se debe reconocer que esta tarea ha sido difícil para muchos y de todos los que han contribuido a alcanzar el avance que se registra desde su gestación y actual tramitación.
