Doce años en Chile

Miguel Ricaurte

Un día de junio de 2009 llegué a Chile por segunda vez, tras seis años cursando estudios de postgrado en Estados Unidos, donde llegué gracias a los conocimientos adquiridos en la casa de Bello. Una mole a medio construir, de la que pendía una gran bandera de Chile, me recibió a la salida del túnel de una flamante autopista urbana de la capital. Con unas cuantas maletas partía mi aventura en el Banco Central de un país golpeado por la crisis financiera internacional.

Lo que vino fue una montaña rusa. En 2009 Chile vivió su mayor contracción de este siglo, pero un favorable entorno global llevó a un crecimiento de casi 6% al año siguiente. Aun así, 2010 partió con sorpresas: el terremoto de febrero amenazó con descarrilar la recuperación. Pero el país se unió, inspirado en las pérdidas humanas, y logró reponerse de las pérdidas materiales.

Todo parecía viento en popa. En lo personal, Chile me daba la oportunidad de representarlo ante el Fondo Monetario Internacional, un honor para un joven profesional extranjero.

Al final de la primera mitad de los 2010, la economía global se enfrío. China parecía enrumbada a crecer menos y los precios de insumos clave como el cobre, bajaron. Además, la llegada de un gobierno antiglobalización a Estados Unidos en 2017 reforzaba el riesgo de menor crecimiento: una guerra comercial se desataba entre las dos mayores economías del mundo. El impulso externo flaqueaba y Chile vivió el período de menor crecimiento de la última década. Y cuando el fin de la guerra comercial en 2019 anticipaba un nuevo ciclo de expansión, llegó el Covid-19 y las perspectivas globales se aguaron.

Lo externo ha marcado el ritmo en Chile (y en el mundo emergente), pero no todo lo que pasa tiene origen foráneo. Los factores domésticos también han influido en el desempeño económico. En estos doce años, Chile estuvo gobernado por sólo dos presidentes que se alternaron el poder cada cuatro años. En un entorno de baja oxigenación entre la élite política, las demandas sociales se manifestasen de forma no institucional en octubre 2019. Desde entonces la política ha sido reactiva, y las esperanzas de buena parte de la población se centran hoy en una solución institucional a la crisis social y política: la convención constitucional.

Hoy nos jugamos el futuro del país. Chile tiene problemas estructurales de desigualdad, especialmente de oportunidades, que han sembrado insatisfacción entre parte de nuestra gente. Pero también hay muchas cosas que se han hecho bien. Los ahorros acumulados en épocas de bonanza permitieron financiar uno de los mayores paquetes de estímulo fiscal (como porcentaje de PIB) a nivel global. El ahorro previsional administrado por de las AFP ha sido clave para entregar recursos a los estratos medios que eran muy ricos para recibir transferencias directas, y muy pobres para sustentarse en épocas de pandemia. El Banco Central ha logrado que la inflación no se dispare de la meta del 3%. En lo sanitario, el Estado ha sido efectivo: el 50% de la población ya está vacunada con una dosis, y el 40% de los 19,6 millones de chilenos está completamente inmunizado (sólo detrás de países como Israel, Reino Unido y EEUU). El Estado puede funcionar, pero necesita jugar mejor su rol en materia de redistribución y oportunidades. Ello puede implicar mayor gasto y más impuestos para quienes más pueden, pero también gastar mejor de lo que se ha hecho.

En ésta, mi última columna por un tiempo, me pregunto dónde estará Chile en 12 años más, cuando mis hijos vayan a las urnas por primera vez en sus vidas.