Mecanismos preventivos de defensa democrática

Hernán Salinas Burgos

Frente a la desesperación y la impotencia del pueblo venezolano y la ineficacia e indolencia de la comunidad internacional, en particular, de la comunidad de Estados americanos, el gobierno del dictador Maduro avanza en su objetivo de destrucción de la democracia representativa en Venezuela y consolidación de un régimen totalitario.

Pese a la decidida acción del Secretario General de la OEA de avanzar en la aplicación de los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana (CDI) para defender la democracia en Venezuela, la falta de voluntad política de un número significativo de Estados americanos, muchos de ellos coaptados por el régimen de Maduro, ha impedido la aplicación de medidas con el objeto de forzarlo a restaurar la democracia, el Estado de Derecho y la vigencia de las libertades y derechos humanos en dicho país.

Sin perjuicio de lo expuesto, la crisis venezolana ha mostrado las falencias que el sistema de defensa de la democracia representativa contemplado en la CDI presenta en materia preventiva, a fin de impedir que un proceso de ruptura del orden democrático como el que hoy ocurre en Venezuela, pueda alcanzarse cuando existe una situación de amenaza.

Si bien los mecanismos preventivos contemplados en la CDI limitan las facultades de la Asamblea General y el Consejo Permanente de la OEA para actuar sin el consentimiento del Estado afectado, nada impide que de acuerdo a la Carta de la Organización, respecto de la cual la CDI se enmarca y subordina, y a las facultades implícitas en razón de los objetivos de dicha entidad, el Secretario General pueda ejercer funciones de ese carácter.

Sin embargo, debe otorgarse al Secretario General herramientas que le permitan ejercer con eficacia esas facultades en materia preventiva.

En este contexto, se destaca el establecimiento de mecanismos de “alerta temprana” distinguiendo entre aquellos aptos para prevenir que una situación de riesgo para la democracia se transforme en una situación de ruptura de ella, vinculados al ejercicio de una diplomacia preventiva y, por otra parte, mecanismos de seguimiento y evolución de la democracia, destinados a fortalecer o consolidar la institucionalidad democrática, a fin de detectar tempranamente situaciones que pudieran colocarla en riesgo.

Así, se podría contemplar la creación de un departamento dependiente de la Secretaría General similar al que hoy existe en materia de observación electoral, con capacidad de recabar y recibir información de situaciones de riesgo para la institucionalidad o legitimidad democrática, al cual puedan recurrir los diferentes poderes del Estado, partidos políticos y sociedad civil, como también mecanismos de seguimiento como la presentación de informes periódicos o de evaluación inter pares, que junto con fortalecer la democracia puedan tener un rol preventivo al contribuir a evitar eventuales amenazas al orden democrático de un Estado.

La experiencia venezolana debe contribuir al fortalecimiento preventivo de la Carta Democrática Interamericana, lo que acertadamente el programa de Política Exterior de Sebastián Piñera contempla impulsar.