Más competencia para las AFP

En el último tiempo ha habido un amplio debate sobre las pensiones, pues éstas son bajas. Ha influido el hecho de que la opinión pública siente que las AFP son las responsables de lo anterior. Además se las acusa de ser caras y que abusan de los afiliados pues ganan demasiado dinero. Lo anterior ha llevado al gobierno a plantear la creación de un ente estatal que administre un incremento de las imposiciones en un 5% que permita mejorarlas. Se argumenta que en otros países se logran buenas rentabilidades y costos inferiores a los imperantes en el mercado de las AFP. Las rentabilidades que éstas han logrado históricamente son buenas, por lo que el único beneficio que se lograría con tal ente, sería bajar las comisiones por su administración. De este modo, la motivación para su creación no la justifica, pues lo mismo se puede lograr de manera más simple.

En efecto, para bajar las comisiones debe incrementarse la competencia en la administración de los fondos previsionales, en vez de desviar energía y recursos en la creación de dicho ente. Esto sería suficiente para sacar a las AFP de su zona de confort, dada la poca movilidad de afiliados entre éstas. La sana competencia permitirá variar lo anterior. Las actuales licitaciones, si bien han abierto las posibilidades de precios menores, no han incrementado la competencia en la práctica.

Para lograr dicho objetivo bastaría permitir a las Administradoras Generales de Fondos (AGF) ampliar su participación en la administración de fondos de pensiones. Después de 15 años de administrar los aportes previsionales voluntarios (APV), sus capacidades están probadas. El número de AGF existentes permite generar suficiente competencia por medio de licitaciones de un porcentaje de los fondos administrados por todas las AFP. El monto de cada licitación debiese tener un tamaño suficiente que permita economías de escala para que las ofertas sean competitivas. Las AFP también podrán participar en la medida que las comisiones ofertadas sean igualadas para el resto de sus afiliados en caso de ganar la licitación. Debe haber un solo recaudador, pues en caso contrario dichas funciones constituyen una barrera de entrada para nuevos competidores.

En relación al 5% adicional de cotizaciones la industria está suficientemente consolidada como para que el Estado requiera intervenir. En efecto, al ser el mercado el que fije las comisiones, estas bajarán. Además los fondos serán administrados por instituciones con historia, evitando los riesgos de un administrador que comienza de cero, como es el caso de la institución estatal sugerida. En la propuesta del gobierno dicho 5% está concebido como un monopolio en que los afiliados quedan cautivos de por vida. Esto es reñido con la sana competencia, que es la que presiona a los actores de la industria a mantener o mejorar la calidad de sus servicios de administración (incluidas las comisiones). Lo lógico es que dicho porcentaje sea administrado por la institución donde el afiliado tiene el resto de sus fondos previsionales.

En resumen, la competencia en cualquier mercado tiene efectos positivos, sobre todo en el caso de Chile, en que existe una superintendencia que supervisa a dichas instituciones con celo, velando por evitar perjuicios a los afiliados. Los resultados de esta supervisión así lo demuestran.