Mal uso de recursos fiscales y reformas del Gobierno

Mauricio Villena

Muchas operaciones entre ministerios y fundaciones privadas a través de tratos directos, dadas a conocer recientemente, denotan un mal uso de los recursos públicos. Se han entregado importantes sumas a fundaciones sin experiencia previa en su supuesto rubro, ni un cumplimiento suficiente que amerite dicho pago; lo que es peor, en muchos convenios no hay relación entre los montos y la tarea encargada, resultando más caros de lo que podrían haber sido a través de una licitación pública.

Para peor, varios de estos tratos se han hecho entre autoridades y fundaciones de la misma orientación política, o directamente entre personas del mismo partido, lo que levanta la duda de si el objetivo último era financiar organizaciones políticas afines. Claramente no todas las fundaciones pueden ser cuestionadas por estos casos; sin embargo, el número de situaciones detectadas sugiere que estamos ante una práctica sistemática y generalizada en algunos ministerios.

“Visto el escándalo por las operaciones entre ministerios y fundaciones privadas a través de tratos directos, la Ley de Presupuestos 2024 debe analizarse desde otro prisma”.

¿Cómo se realizaron estas asignaciones presupuestarias, muchas claramente correspondientes a gasto corriente, sin una licitación pública? El artículo 23 de la Ley de Presupuestos señala que el concurso será obligatorio para las transferencias corrientes a instituciones privadas, salvo que la ley expresamente señale lo contrario. La mayoría de los casos operaron a través de glosas presupuestarias: por ejemplo, en la partida del MINVU existen glosas que imputan gastos corrientes como gastos de capital, evitando así los concursos.

Aunque en general pueden reconocerse gastos administrativos asociados a las transferencias de capital, esto debería estar delimitado tanto en montos como en tipología de gastos, para evitar abusos y desvíos de recursos públicos a actividades lejanas a la ejecución de proyectos de inversión.

¿Cómo se evitó el control de la Contraloría General de la República (CGR)? Básicamente, los ministerios en cuestión, entre ellos el MINVU, autorizaron a seremis vía resolución exenta a firmar convenios directos de hasta $ 300 millones con fundaciones privadas, pues montos bajo las 5.000 UTM están exentos de toma de razón por dicha institución. Con este mecanismo, en la práctica no sólo se vulneró la realización de concursos públicos, sino que también se evitó el control de la CGR.

Es imperioso revisar estas prácticas, más allá de su legalidad o no, pues vulneran a instituciones encargadas de velar por la eficiencia en asignación y uso de recursos públicos (DIPRES) y fiscalizar la administración del Estado (CGR). Esto debe ser una prioridad, por sobre las reformas planteadas por el Gobierno; de hecho, sin aclarar y detener estos actos de corrupción, no debiesen avanzar las iniciativas que aumentarán sustantivamente el monto de fondos públicos a manejar por el gobierno de turno.

Asimismo, la Ley de Presupuestos 2024 debe analizarse desde otro prisma, pues ciertamente en estos casos no se ha velado por la asignación y uso eficiente de recursos públicos.