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Alto contrasteLos desafíos de la empresa
Hoy la situación de La Polar confirma los prejuicios que muchos tienen contra la empresa privada...
Hoy la situación de La Polar confirma los prejuicios que muchos tienen contra la empresa privada: que una persona que compra un tostador termine pagando, no sólo sin su voluntad sino que sin su conocimiento, lo que cuesta un refrigerador, es algo que no puede dejarnos indiferentes.
Frente a este caso, podemos tener dos actitudes. La manera fácil y que parece de moda es criticar el sistema completo, “el modelo”. Más complejo, y mejor en el largo plazo, es valorar como corresponde a la empresa como motor del desarrollo, además de limitar y corregir las fallas puntuales que presente el modelo.
La libertad personal, la iniciativa privada en el campo económico, el emprendimiento y el esfuerzo personal son motores sociales que generan oportunidades y permiten crear una sociedad más humana. Esto se relaciona especialmente con uno de los principales desafíos que tenemos hoy como país, el de la superación de la pobreza. Según la encuesta Casen 2009, Chile cuenta con un 15,1% de personas pobres (2.508.880 personas).
Sabemos que para salir de esta situación, una de las principales soluciones es la generación de empleo. Y es aquí donde entra la iniciativa privada. Gracias al trabajo que crea la empresa privada las personas pueden desarrollarse, tener ingresos y contribuir al bien de Chile. Por eso defender y promover que en Chile existan cada día más instancias que den espacio al emprendimiento y a la superación de la pobreza debería ser un consenso general.
Es obvio que hay cosas que mejorar, como los límites que debe tener una empresa y el comportamiento de ésta al exterior, es decir entregar la información necesaria para que los consumidores puedan elegir libremente y con diversidad de opciones. Hay una dimensión ética relevante al respecto: crear trabajo, la decisión de pagar sueldos justos, tener en claro que las empresas son un buen medio, pero siempre al servicio de la persona y con una visión de justicia, tanto dentro de la empresa como hacia los consumidores.
Segundo el de la fiscalización del Estado sobre estas empresas, a través de distintas iniciativas como puede ser la ampliación del Servicio Nacional del Consumidor hacia temas financieros, por ejemplo, pero resguardando que la legítima intervención estatal, fiscalizando conductas y prácticas abusivas, no ahogue la libre empresa.
