Litio: lo óptimo, lo bueno y lo malo

Hernán Cheyre V.

El anuncio de un borrador de acuerdo entre Codelco y SQM para extender hasta el año 2060 la explotación del litio, que esta última realiza en las pertenencias que Corfo tiene en el Salar de Atacama, ha generado opiniones diversas en el debate público.

Entre quienes se han manifestado a favor predomina el argumento de que con el acuerdo se va a poder aprovechar la ventana de oportunidad que todavía está abierta para que Chile aumente la producción de litio, en un contexto de mayor demanda por este mineral, revirtiendo así la (incomprensible) tendencia decreciente que se ha venido manifestando durante los últimos años en cuanto a participación de mercado, y que le ha significado a la economía chilena renunciar a una importante fuente de ingresos, la que está siendo aprovechada por terceros países.

“Desde la perspectiva de la eficiencia económica, no cabe duda de que lo óptimo hubiera sido licitar un nuevo contrato mediante un proceso competitivo abierto a otros actores interesados en desafiar al incumbente”.

Y entre los opositores al acuerdo, el argumento central esgrimido desde el punto de vista económico apunta a que este proceso se ha llevado a cabo mediante la negociación directa entre una empresa estatal y una empresa privada, renunciándose así a los beneficios que derivan de una instancia competitiva.

Más allá de los beneficios que este acuerdo le va a reportar a ambas empresas, desde una perspectiva más global este parece ser uno de aquellos casos donde a partir de una realidad objetiva ha sido necesario colocar en la balanza los elementos a favor y en contra, y se ha optado por una solución subóptima.

Desde la perspectiva de la eficiencia económica, no cabe duda de que lo óptimo hubiera sido licitar un nuevo contrato mediante un proceso competitivo abierto a otros actores interesados en desafiar al incumbente.

Sin embargo, al tomarse en cuenta que un cambio de operador generaría un bache de producción significativo durante varios años, tanto por la transición propiamente como por el tiempo requerido para lograr las aprobaciones medioambientales exigidas, desde el punto de vista productivo puede señalarse que se trata de una buena solución intermedia.

Lo malo del acuerdo es que su estructura conduce a una estatización del proyecto, toda vez que a partir del año 2030 Codelco va a adquirir el control de los derechos políticos de la nueva sociedad, con mayoría en el directorio.

Se desconoce si el accionista minoritario tendrá derecho a veta en ciertas materias fundamentales.

Todo esto ocurre en el marco de la Estrategia Nacional del Litio que está impulsando el Gobierno, la que otorga al Estado el rol fundamental en la explotación del litio, y en la cual la empresa privada está llamada a desempeñar un rol importante, pero secundario, ya que la orientación de la política de desarrollo del litio será establecida a nivel central.

Nunca es tarde para seguir insistiendo en la conveniencia de que se asigne al litio el carácter de concesible, para que empresas privadas lo puedan explotar pagando las regalías correspondientes, así como también en la conveniencia de una apertura bursátil parcial de Codelco, donde el Estado seguiría manteniendo el control, pero que permitiría someter a la empresa a una mayor disciplina de mercado.

El volumen de recursos fiscales que está en juego amerita avanzar en esta línea.