Litio: desafíos regulatorios pendientes

RODRIGO DELAVEAU S.

Con el anuncio de la Estrategia Nacional del Litio se abren una serie de oportunidades económicas para Chile. Sin embargo, existe un sinnúmero de interrogantes regulatorias en torno al litio que deberán ser abordadas con el objeto de otorgar un marco normativo que otorgue certeza jurídica.

Desde el punto de vista de la estrategia a corto plazo, esto es, el rol que puedan jugar Codelco o Enami, se presentan inconsistencias normativas que deben ser despejadas. Respecto de Codelco, la solicitud de “extensión” de su Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) frente al Ministerio de Minería debió haber sido resuelta el año pasado, sin perjuicio de las disputas judiciales existentes en cuanto a su legalidad.

“Toda alternativa que involucre al Congreso presentará las dilaciones propias del proceso legislativo. Los CEOL y las Concesiones Administrativas tienen una ventaja comparativa insoslayable”.

En efecto, los Contratos Especiales de Operación -entre ellos, los de litio- fueron diseñados como una herramienta para que las sustancias no concesibles puedan ser aprovechadas mediante una alianza público-privada, y no como un instrumento para que el Estado contrate con sus propias empresas. Por otro lado, Enami no cuenta con un mandato expreso para explotar o extraer litio, para lo cual deberá -eventualmente- conseguir una autorización legal para proceder en tal sentido, junto con perfeccionar su gobierno corporativo.

Mismo camino deberá recorrer una empresa nacional del litio. Al ser declarado “estratégico” en 1979, a partir de ese momento sólo puede ser explotado por el Estado, a través de tres figuras posibles: directamente (lo cual parece ser técnica y económicamente inviable); por sus empresas (para lo cual necesitará una ley aprobada por mayoría de los parlamentarios en ejercicio) o; por medio de Concesiones Administrativas o CEOL.

Cualquier alternativa que involucre al Congreso presentará las dilaciones propias de todo proceso legislativo, pero el tiempo es un factor crítico si se quieren aprovechar estos recursos antes de su desvalorización o reemplazo. Así, los CEOL y las Concesiones Administrativas tienen una ventaja comparativa insoslayable: las condiciones y requisitos las puede fijar el Ejecutivo, por Decreto Supremo, para cada caso, lo cual representa una reducción en los tiempos para el desarrollo de proyectos muy considerable. El año 2000 Chile tenía cerca del 60% de la participación global en el mercado del litio, y hoy ese porcentaje se reduce a menos de 29%; si no se hace nada, para 2030 -según Cochilco- se estima que el país baje a 17%.

Finalmente, no está del todo resuelta la interacción de los diferentes actores dentro del marco normativo vigente: la convivencia con concesiones mineras existentes; las dificultades regulatorias en la concesiones de uso oneroso (CUO) cuando el Estado es dueño del predio superficial; la compatibilidad con la normativa medioambiental e indígena; y un largo etcétera de desafíos cuya superación, hoy por hoy, dependerá más de la capacidad, versatilidad y creatividad de los equipos legales que asesoren la materialización de estos proyectos, que de la existencia de un marco regulatorio optimizado para la concreción de esta anhelada política pública.