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Columnistas

Linkage, constitucionalidad y libertad de decidir

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 19 de marzo de 2013 a las 05:00 hrs.

El Tribunal Constitucional ha sido llamado a determinar si el proyecto de ley, impulsado por el gobierno y que se conoce como Linkage, se encuentra conforme a la Constitución o no. Un grupo transversal de senadores ha objetado, en concreto, que se conceda a los titulares de patentes de medicamentos, una medida precautoria automática (sin análisis de mérito), que logrará evitar que productos genéricos lleguen al mercado, incluso si no infringen las referidas patentes. Ello tiene naturalmente un impacto sobre el precio de los medicamento y el acceso a estos (constituyen el 80% de los utilizados por la población).

La presidencia en su informe al Tribunal Constitucional ha planteado que impulsa este proyecto, simplemente con el afán de perfeccionar el sistema chileno, como si fuese una simple decisión soberana y pensando en el mejor interés de nuestro país.

Ello entra en abierta contradicción con lo planteado por el ministro de Economía, Pablo Longueira, en este diario, quien hace más de un año sostuvo que: “una de las razones por las cuales me comprometí con el embajador de Estados Unidos a que ingresara este proyecto de Linkage es precisamente para resolver el tema de la propiedad industrial en materia de farmacéutica (...) esperamos tramitar lo más rápido posible este proyecto para que a Chile, ojalá EstadosUnidos lo saque de la lista de países incumplidores.”
Dicho país ha presionado ilegítimamente (no existe jurídicamente una obligación para hacerlo) para que el gobierno incorpore el Linkage en nuestra legislación: no debimos ni debemos caer en el juego.

Es decir, si actualmente se está discutiendo acerca de la constitucionalidad del Linkage, es porque se trata de una institución foránea, forzada y no deseada, que sólo va en beneficio de un grupo menor de empresas multinacionales capaces de innovar en medicamento.

El Linkage equivale a un órgano trasplantado, que el cuerpo rechaza, por serle completamente ajeno y no compatible. Contra eso reacciona nuestra Constitución.

Los argumentos presentados por los senadores son sólidos desde el punto de vista constitucional y esperamos que sean acogidos, de forma tal de tener un sistema de patentes que proteja la innovación farmacéutica, pero que no se olvide del acceso a medicamentos.

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