Licitación 5G: ¿un veranito de San Juan?

Andrea Butelmann

El espectro radioeléctrico, que es la vía por la que viajan las señales de telecomunicaciones inalámbricas, se vuelve cada vez más escaso por el vertiginoso crecimiento del tráfico de datos. En la gran mayoría de los países, éste se licita para asegurar una asignación eficiente y es fuente de una importante recaudación para el Estado. Además, dado que es un bien indispensable para prestar el servicio, poseer derechos sobre el espectro sirve para imponer barreras a la entrada a potenciales competidores y, por ello, se hacen exigencias de uso eficiente del recurso.

En Chile, se contempla una licitación sólo en el caso de que en el concurso técnico se llegue a un empate. Así, históricamente, la gran mayoría del espectro se entregó gratis a los concesionarios y no ha habido exigencias verificables de uso eficiente. Por eso, fueron buenas noticias que en el último concurso se diera un empate competitivo y en la licitación se recaudaran 450 millones de dólares, cifra histórica de recaudación por este concepto en el país. Es la renta que nos deben pagar por tratarse de un bien que pertenece a todos los chilenos.

En tal licitación, dada su propuesta monetaria, Claro no alcanzó a acceder a ningún bloque de 3,5 MHz, útil para dar el servicio 5G. Sin embargo, ahora nos enteramos de que ha llegado a un acuerdo con ENTEL para comprarle espectro que ésta tenía de una antigua concesión para dar servicios fijos.

La transacción sería de 12 millones de dólares, el precio parece ser bajo, pero ello se debe a que sólo restan 10 años de concesión, versus los 30 años de adjudicación inicial. La pregunta que surge es por qué derecho exactamente estaría pagando Claro, dado que la ley de telecomunicaciones exige que para que una concesión cambie de finalidad – en este caso, de telecomunicaciones fijas a móviles- debe haber un nuevo concurso. Es decir, se está vendiendo un derecho que no tiene valor en sí mismo, puesto que el tipo de servicio para el que fue adjudicado no tuvo mayor éxito y para reasignarlo a otro uso, Claro deberá concursar.

La necesidad de un nuevo concurso es expresa en la ley de telecomunicaciones y fue refrendada por el TDLC, el que advirtió que tanto las compañías como la Subsecretaría estarían violando la ley si ignoran tal mandato. Sin embargo, leemos en la prensa que estas empresas apuntan a hacer la transacción y luego el cambio de la concesión por el nuevo uso del espectro radioeléctrico.

Festejamos, en su momento, el último concurso, no sólo porque finalmente las empresas de telecomunicaciones comenzaban a pagar al Estado cifras relevantes por este recurso, sino porque por primera vez hay exigencias concretas en cuanto a velocidad del servicio, además de haberse aumentado las exigencias en contraprestaciones y cobertura. Si Claro y Entel, logran esta transacción y cambiar el destino de la concesión sin concurso, este avance en nuestra regulación será sólo un veranito de San Juan y, mientras no se dé primacía a la licitación seguiremos al son de la voluntad política al respecto. Una de las reformas regulatorias postergada por décadas es, precisamente, tener una Superintendencia independiente del poder político, con designación técnica y con mandatos claros que la blinde de presiones.