El proyecto de Ley de Televisión Digital suma ya cuatro años y medio en el Congreso. En la última sesión, una de las discusiones más álgidas se refirió a la duración de las concesiones entregadas a privados, aprobándose 20 años renovables para las empresas de TV abierta que tienen espectro y cinco para quienes deberán arrendarlo para transmitir.
20 años es un plazo mayor que el establecido internacionalmente y entregar menos años a aquellos que representan, justamente, la gran esperanza de un cambio cultural en nuestra TV, ofreciendo un proyecto editorial distinto para ir creciendo paulatinamente, aparece como una forma de protección del mercado de los grandes operadores. ¿Quién querrá invertir en un proyecto de expectativas tan limitadas?
Por lo expuesto, queremos felicitar a los pocos senadores -Ricardo Lagos Weber, Eugenio Tuma, Isabel Allende, Fulvio Rossi, Alejandro Navarro, Juan Antonio Gómez, Juan Pablo Letelier y Pedro Muñoz- que se opusieron a la entrega de concesiones de espectro por 20 años.
Las empresas dueñas de los canales abiertos han recuperado sus inversiones, pero no han trabajado en darle a Chile contenidos que respondan a la diversidad de mundos que comprende nuestra sociedad. De esta falencia se queja claramente hoy la ciudadanía y esta ley, aunque limitada, representaba una esperanza de cambio del actual escenario.
Si bien en duración de concesiones las posiciones progresistas han sido minoría, esperamos que en las materias relevantes que aún quedan se sumen muchos otros senadores, puesto que se discutirá sobre los criterios del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) para atribuir una concesión y cumplir así su obligación de garantizar la diversidad y el pluralismo. Lo razonable es que no sólo se considere la capacidad técnica (cobertura geográfica y calidad de la emisión), sino que también la oferta general (gratuidad, contenidos y calidad). Sería inaceptable que se apruebe que el CNTV no tenga más criterios que la evaluación de los proyectos técnicos que hace la Subsecretaría de Telecomunicaciones, dejando de lado lo más importante: evaluar la riqueza y aporte editorial del concursante para la televisión abierta.
Al respecto, la ley hoy propone la aberrante solución de dirimir cualquier empate con un sorteo. De aprobarse esto, Chile estaría negando lo que las legislaciones del mundo entero buscan resguardar, que son los derechos de las personas frente al medio de mayor poder político y social como es la TV.
A esto se agrega que los senadores deberán votar por la atribución de espectro a TVN para que administre espectro televisivo y arriende capacidades a nuevos concesionarios. Esa propuesta es muy positiva, pero los senadores deberían condicionarla a la tramitación de la ley que reforma las atribuciones y derechos de la red estatal que hoy está en suspenso por la vía de una ley corta que iguala en derechos y obligaciones a TVN con los canales comerciales. Es fundamental que quede establecido que esta segunda señal sólo pueda ser utilizada para el servicio a terceros y no pueda ser enajenada como hoy lo permitiría la citada Ley Corta.