Las Isapres y el destino del modelo de salud

Tomás Jordán D.

La discusión sobre la ley corta de Isapre, y el nuevo proyecto de ley sobre Fonasa, da cuenta de una discusión de fondo de dos niveles: el político y el regulatorio. En el primero, el debate sobre salud traslapa la pugna sobre el modelo de derechos sociales; mostrando la grieta que existe en nuestro sistema político. 

Por un lado, están aquellos que visualizan un modelo donde el Estado es el eje principal y los privados lo complementan. Por otro, aquellos que creen que la salud se ejerce desde la libertad económica y la libre elección personal a todo evento. En este escenario, lograr consensos es muy difícil, pues la respuesta legislativa de hoy será vista como el triunfo inicial de uno u otro sector. 

Tal cuestión no es nueva, se reflejó ya en la reforma de salud del Presidente Lagos a mediados de la década del 2000. En ese tiempo se contuvo la posibilidad de incorporar ciertos elementos de solidaridad al subsistema privado, y la mejora en la gestión del sistema público y el establecimiento de prioridades sanitarias fue vista como una liberalización y privatización del sistema. Hoy, la disputa se mantiene. El propio Gobierno tiene dos almas: los que creen en un modelo de multi-seguros y los adherentes al seguro único. 

Desde la perspectiva regulatoria se debe comprender que la ausencia de leyes adecuadas ha conllevado un proceso de judicialización de la salud privada; por lo que pensar en un camino realista de salida obliga a asumir que hay ciertas cuestiones basales que han sido delineadas por las cortes. 

Hay tres asuntos que se deben considerar. El primero, referido a que se ha conformado un sistema de salud compuesto por prestadores y aseguradores estatales y privados. La discusión legislativa, como los dos procesos constituyentes, han reafirmado un modelo mixto.   

Segundo, que desde hace más de una década la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han afirmado que la salud es un derecho social y que los contratos privados de salud están irradiados desde la Constitución. No estamos frente a meros contratos de seguro, sino ante una expresión concreta de dicho derecho constitucional. Esto explica la estimación como arbitraria del alza del precio base de los planes y de las Garantías Explícitas (GES) y que, en la actual discusión legislativa, la médula sea encontrar una fórmula de alza de precio que no acarree un alto precio para los cotizantes. 

El tercer aspecto es la consideración de la salud y pensiones como parte de un «sistema de seguridad social». Ambos derechos conforman un modelo que se sostiene en los mismos principios: solidaridad, universalidad, la igualdad y suficiencia, unidad o uniformidad. Sostenido en ellos, se debe edificar el acceso libre e igualitario al derecho, las libertades personales y el rol del Estado.

Al final del día, en la ecualización de estos tres aspectos está la posibilidad de un modelo de salud de consenso mínimo que nos ha sido tan esquivo.

Tomás Jordán D.

Álvarez & Jordán abogados, Profesor U. Alberto Hurtado