La tarea pendiente del Estado en libre competencia

ANA MARÍA MONTOYA

Durante noviembre se dieron a conocer los resultados de un sondeo de Red Procompetencia y Fundación Generación Empresarial a directores y gerentes de empresas que proveen servicios en Chile, para conocer su visión respecto a la institucionalidad de libre competencia, el impacto que han tenido las sanciones aplicadas y los mercados más proclives a comportamientos anticompetitivos.

En materia de institucionalidad, los resultados arrojan una evaluación positiva: 65% de los consultados está de acuerdo con que la Fiscalía Nacional Económica es un órgano imparcial y políticamente independiente, mientras que 63% cree que existe un adecuado equilibrio entre la FNE -en su rol de defensa y promoción de la competencia- y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia como tribunal especializado.

“Sorprende que entre los mercados donde se detectan mayores riesgos de prácticas anticompetitivas están las licitaciones públicas. ¿Qué está ocurriendo?”

Asimismo, el estudio muestra que no sólo las multas poseen un efecto disuasorio en las conductas de las empresas, sino que también los estudios de mercado que realiza la FNE. Es así como 72% señala estar de acuerdo con que éstos generan impacto en los mercados y promueven regulaciones para mejorar su funcionamiento. A esto se suma que el 69% de quienes respondieron está de acuerdo con que las investigaciones o sanciones por prácticas abusivas unilaterales por parte de las organizaciones generan un efecto disuasivo.

Otro resultado que llama muchísimo la atención es que entre los mercados donde se detectan mayores riesgos de prácticas anticompetitivas están las licitaciones públicas. Es sorprendente que las mismas empresas privadas identifiquen como riesgosos los mercados donde es el Estado el demandante por excelencia y quien define los criterios de compra. Se esperaría que sea el mismo Estado el que tenga un mayor rol de cuidado en la asignación de los recursos públicos. Lo anterior sin duda pasa por los criterios que se utilicen, ya sea en las bases de licitación, tratos directos o convenios marcos.

En esta materia, la Fiscalía Nacional Económica ha realizado intentos por diagnosticar estas ineficiencias a través de su Estudio de Mercado de Compras Públicas (2019). Y ha generado documentos como la Guía de Compras Públicas para difundir los conceptos que reducen riesgos de generar asignaciones ineficientes y anticompetitivas analizando los criterios de evaluación y ponderación.

Entonces, ¿qué está ocurriendo entonces en las instituciones públicas? ¿Han interiorizado estos conceptos? ¿Se han generado los incentivos para que se internalicen?

Los estudios y guías que ha realizado la autoridad de competencia van en la línea correcta, pero no sacamos nada si en la micro-gestión del Estado, quienes son los ejecutores desconocen sus resultados y los efectos que generan cuando deciden realizar compras públicas o licitar infraestructuras.

Este resultado nos vuelve a recordar que la gestión pública es crucial y que está en manos del Gobierno diseñar los incentivos, mecanismos de control y sanciones para que la institucionalidad pública cumplan con criterios de asignación eficiente.