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Alto contrasteA través de distintos medios de prensa, hemos tomado conocimiento que la modificación realizada por el Ejecutivo al proyecto de reforma de la ley 20322, sobre tribunales tributarios y aduaneros, que reducía las plantas de los tribunales ya establecidos en el país y de aquellos que comenzarían a funcionar a partir del 1 de febrero de este año, se ajustará en términos de mantener las plantas respecto de aquellos tribunales aún no instalados. Según informó el subsecretario de Hacienda, la modificación plantea la reducción de las plantas de funcionarios sólo en aquellos tribunales que ya funcionan, en tanto que en los que están próximos a su constitución se mantendrán en la forma establecida en la ley vigente.
La fallida reducción fue justificada por el gobierno, a través del ministro de Justicia en primera instancia y luego del titular de Hacienda, en la baja carga de reclamaciones en contra de las actuaciones realizadas por el Servicio de Impuestos Internos y de Aduanas, ingresadas a los mencionados tribunales en algunas regiones, lo que, en su concepto, debía replicarse necesariamente en Santiago, afirmación realizada, aparentemente, sin evaluar las verdaderas razones de la disminución de los actos administrativos efectivamente reclamados por los contribuyentes. Con todo, la Corte Suprema, especialistas en la materia y parlamentarios reaccionaron con gran prudencia ante el proyecto, rechazando la reducción de plantas, en tanto no se produzca la instalación definitiva de los nuevos tribunales y se pueda evaluar, con perspectiva, el real funcionamiento de los mismos.
Producto de la modificación del proyecto, se aprobó la idea de legislar las materias referentes al sistema procesal tributarios que empieza a regir en su totalidad el 1 de febrero con la incorporación de las regiones Metropolitana, de Valparaíso y Rancagua, sin embargo, la discusión se verá suspendida hasta marzo del presente año, debido al receso parlamentario que se produce en febrero, quedando en tanto suspendidos algunos temas que dicen directa relación con el inicio de la reforma en las tres regiones que se encontraban pendientes.
Por otro lado, en espera de la aprobación de la modificación de las plantas de los tribunales durante 2012 se realizaron concursos de personal para los tribunales de Santiago, Valparaíso y Rancagua. El Servicio Civil concursó 4 cargos de jueces para la Región Metropolitana en virtud de los cuales las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel confeccionaron 4 ternas al presidente de la República para la designación definitiva de los jueces, todo en consonancia con el proyecto retirado. Sin embargo, la ley 20.322 prevé que la Región Metropolitana deberá contar con 5 jueces tributarios y aduaneros.
Todo lo anterior acarrea la evidente consecuencia que a días de la apertura de los nuevos tribunales tributarios y aduaneros no se conoce el nombre de los 4 jueces designados por el presidente de la República, sin considerar que no se podrá, para la fecha de inicio, designar al quinto juez que establece la ley y que los tribunales contarán con menos personal que la dotación legal.
Los tribunales tributarios y aduaneros tienen dependencia mixta, del Poder Judicial y de la Subsecretaría de Hacienda, a través de la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, esta última a cargo del servicio administrativo y financiero del nuevo servicio de jurisdicción. Con todo, en los acontecimientos relatados, la Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios actuó en base a vías de hecho, considerando aprobado un proyecto que era sólo eso, involucrando en ello tanto al propio Ejecutivo como al Poder Judicial.
El actuar de dicha repartición, ha dado la razón a las críticas que formularon los parlamentarios en la discusión del proyecto de ley que originó los nuevos tribunales, en orden a que su dependencia administrativa y financiera no podía quedar entregada al Ministerio de Hacienda, parte directamente interesada en el resultado de los juicios sometidos a estos jueces a través de sus servicios dependientes, Impuestos Internos y Aduanas. Por ello, resulta oportuno recordar la intervención en la Sala del Congreso del ex diputado Dittborn, respecto de la dependencia de la Unidad Administradora: “Es una mala idea que ojalá sea corregida en el futuro.”
