Brasil, un lastre llamado sistema de reparto

José Manuel Silva

Este medio publicó el 8 de marzo que el PIB de Brasil se contrajo en 2016 un 3,6%, lo que lleva a una caída de 7,2% en dos años. En términos per cápita ya se puede hablar de una década perdida, dado que también se prevé una contracción para 2017 (de aproximadamente 0,5% del PIB).

Probablemente se asocia esta crisis al “impeachment” de la presidenta Rousseff y al bullado caso de corrupción conocido como “lava Jato”, pero esa interpretación es errónea o parcial. Su origen reside en factores mucho más estructurales.

Como señala una publicación del banco inglés Barclays (“Political labyrinth”, 22/10/2015), la crisis “se debe al modelo económico implícito en la Constitución de 1988, cuyo énfasis es el gasto social y que ha resultado en una protección de los salarios reales. El sesgo social de la constitución ha provocado un alza del gasto público en promedio equivalente a 0,4% del PGB cada uno de los últimos 25 años. La indexación ha hecho del gasto público algo rígido. En 2012 un 74% del gasto público se dedicaba a pagos directos a la población (seguridad social, beneficios de bienestar, salarios), mientras que esta cifra absorbía un 39% del presupuesto el año 1987”.

La constitución garantista de Brasil es una sopa de “derechos sociales” que ha provocado un alza sustancial en los impuestos para evitar el colapso fiscal. De niveles de tributación inferiores al 25% del PGB cuando vuelve la democracia, el país ha visto subir los impuestos a más de 37% del PGB, uno de los más altos niveles de cualquier país emergente, lo que grava la competitividad y le impide abrirse de verdad a los mercados internacionales. El colapso fiscal sólo se hizo evidente cuando el superciclo de las materias primas llegó a su fin durante 2013. Este superciclo le permitió a los gobiernos de Lula y de Rousseff camuflar la dinámica mortal de los “derechos sociales” y al mismo tiempo comprar lealtades y políticos por medio de Petrobras, empresa que pasó de una deuda de US$ 20 mil millones a más de US$ 120 mil.

Al caer las materias primas, se constató que el “milagro social” del PT de Lula tenía pies de barro. Una de sus principales vulnerabilidades reside en una dinámica fiscal que lleva pronto a la quiebra del Estado brasilero y a la hiperinflación si no se toman medidas drásticas. La deuda pública ya supera el 70% del PGB. El déficit fiscal primario (antes de gastos de interés) pasó de niveles cercanos a +3% del PGB a comienzos de Lula a un déficit de más de 1 % durante el último año de Dilma. Con ello, el déficit total incluyendo intereses se empina por sobre el 9% del PGB, lo que llevará a que la deuda fiscal total se acerque al fatídico guarismo de 100% del PGB en un par de años. Por ello la primera medida del gobierno Temer fue realizar un cambio constitucional que le puso un techo al crecimiento del gasto fiscal a la inflación pasada (no más crecimientos reales).

Pero esto no es suficiente para evitar el colapso. Como señala Dalton Gardinam, economista jefe del Banco Bradesco, “sin importar cuán fuerte es este techo para traer alguna sostenibilidad al presupuesto fiscal, se requerirá atacar los déficits del actual sistema de pensiones brasilero (regímenes de reparto y especiales no financiados). Si no se hace reforma alguna en los próximos años, el crecimiento real en el régimen general (RGPS de empleados del sector privado) superará el 4,4% real anual en los próximos 10 años”. Ello obligaría a recortar todos los otros gastos fiscales en 38%.

Los generosos beneficios de este sistema y del que usan los empleados fiscales y militares (RPPS), sumado a una transición demográfica que ha hecho caer fuertemente la natalidad, han llevado a que los gastos en pensiones ya superen el 11% del PGB brasilero (casi un 25 del gasto fiscal total). Sin reformas este gasto se puede empinar por sobre el 18% del PGB en solo 10 años. Temer ya envió una reforma al RGPS que entre otras cosas prohíbe pensionarse antes de los 65 años y le pone un techo al reajuste de pensiones. Esta es la próxima batalla a librarse en los próximos meses en el parlamento.

Dado que Brasil no hace un impuesto más, o controlan el déficit de pensiones de reparto o el país carioca enfrentará una crisis fiscal que probablemente termine en hiperinflación y en una nueva crisis política.