Jornada 40 horas: bienvenida flexibilidad

Juan Pablo Lira

Unánime fue la aprobación del proyecto de ley que reduce la jornada laboral ordinaria de 45 a 40 horas, en la Comisión de Trabajo del Senado. Se trata, sin duda, de una señal positiva para quienes creemos en la conciliación entre el trabajo y la vida familiar.

Por supuesto, existen riesgos asociados a este tipo de reformas. Por ejemplo, el incremento de los costos laborales para las empresas puede tener incidencias en los salarios y el empleo. Ahora bien, de acuerdo a la evidencia, para mitigar efectos no deseados debemos concentrarnos en dos tareas: implementar la norma con gradualidad y presionar al alza la productividad de los trabajadores.

En cuanto al primer elemento, parece haber bastante consenso en que implementar la reforma en un período de cinco años será suficiente para que las empresas se anticipen y adapten su estructura de costos. Sin embargo, puede ser pertinente abrirse a la discusión de extender plazos de gradualidad y ajuste voluntario, considerando la sensibilidad del sector a shocks de este tipo.

La segunda tarea consiste en incrementar la productividad. Para lograr incrementos en productividad se debe complementar la implementación de la reforma con medidas que apunten a flexibilizar la jornada laboral. El Gobierno se abrió a incorporar nuevas medidas de flexibilidad al Proyecto de Ley, y se estableció la posibilidad de extender la base de cálculo de jornada de 5-6 días (establecido en el actual Código del Trabajo), a cuatro semanas y con un máximo de 45 horas semanales mediante acuerdos colectivos entre empleado y empleador.

Ahora bien, si analizamos la experiencia comparada con países que implementaron reformas de magnitudes similares -y que, en miras a mitigar lo máximo posible efectos perniciosos, planificaron mecanismos de implementación flexibles-, pareciera que la indicación incorporada por la Comisión puede tener un impacto acotado.

Ilustrador resulta el caso de Portugal que, cuando implementó su reforma laboral en 1996, tenía una productividad por hora similar a la de Chile hoy. Con el fin de minimizar efectos no deseados, aplicaron la reforma con medidas de flexibilidad, estableciendo que las 40 horas semanales debían ser calculadas en períodos de cuatro meses. Estudios sobre los efectos económicos asociados a la reforma en Portugal concluyen que medidas de este tipo ayudaron a las empresas a ajustarse a los nuevos costos laborales y a mitigar efectos no deseados a nivel de empleo.

Así también lo hicieron países de la Unión Europea (Francia, España, Alemania, Holanda, Suecia y Dinamarca), donde la base de cálculo de la jornada puede pactarse en períodos de hasta 52 semanas, mediante acuerdos colectivos. Esto es 13 veces más que lo propuesto por la Comisión.

Pareciera que la flexibilidad llegó para quedarse. En ese sentido, y con miras a lo que traiga la discusión del proyecto en sala, puede ser positivo tomar la evidencia disponible sobre cómo medidas más amplias de flexibilidad ayudan a reducir efectos no deseados, a aumentar la productividad y, por supuesto, a conciliar el trabajo con una de las instituciones más importantes de nuestra sociedad: la familia.