La Agenda de Energía: ¿Mucha potencia y poca energía?

Jorge Quiroz

Dentro de los muchos obstáculos al crecimiento en Chile, algunos de naturaleza exógena y otros autoimpuestos, destaca el problema de la energía. Nuestros precios de energía son mucho más caros que en buena parte de América Latina, superándolos en algunos casos por un factor de dos y más.

Esto deviene en cuello de botella para otras inversiones, notablemente las mineras, con efectos negativos sobre toda la actividad económica. El costo en crecimiento es sustancial, por cualquier estimación que se haga.
En ese contexto, bien podría decirse hoy que la responsabilidad sobre el crecimiento es una tarea que depende casi tanto del ministro de Energía como del de Hacienda.

El diagnóstico está suficientemente claro. La institucionalidad y los liderazgos políticos no han estado a la altura como para permitir que las inversiones en generación eléctrica de base se desarrollen normalmente.
Las así llamadas demandas sociales y oposiciones varias van unos cuantos pasos adelante de la institucionalidad; en múltiples ocasiones las resoluciones público administrativas son posteriormente revocadas en instancias judiciales; en otras oportunidades, la falta de coraje político, combinada con una débil institucionalidad, ha detenido obras vitales para el desarrollo.

Cuesta entender también que en nuestro país, que cuenta con un gran potencial hidroeléctrico, los emprendimientos en este ámbito estén plenos de riesgos en materia de permisos, incertidumbres judiciales y oposición enconada de grupos ambientales extremos, que las más de las veces logran su objetivo: parálisis de inversiones.

Así las cosas, uno habría esperado que la Agenda de Energía se hubiese concentrado en lo fundamental: instrumentar un salto cualitativo en la institucionalidad, que, debidamente acompañada por un liderazgo político, resultase finalmente en una mayor certeza para las inversiones, en particular en energía de base.
Sorprendentemente, si bien el Ministerio de Energía se ha caracterizado por una actividad casi febril, en la práctica, la Agenda Ministerial se ha ocupado de temas más bien periféricos.

Lo más bullado ha sido la iniciativa de regular los precios del gas de cañería. Sin embargo, ello se trata de algo absolutamente marginal, toda vez que la gran mayoría de la población es principalmente consumidora de leña y de gas licuado a petróleo, y no de gas de cañería.

En mi experiencia como asesor de la industria del gas, puedo advertir además problemas de diseño conceptual, como lo es la idea de regular con el modelo de empresa eficiente a compañías que no son monopolio natural y que por ende tienen incertidumbres de demanda que no se condicen con tal modelo de regulación. Como si fuera poco, la autoridad ha decidido "saltarse" la opinión del Tribunal de la Libre Competencia, pasando directamente de la observación de una supuesta elevada rentabilidad, a una propuesta de regulación integral compleja y plena de interrogantes.

En un aspecto más positivo, pero igualmente tangencial al problema central, destaca la promulgación de las bases para la próxima licitación eléctrica, que contienen cambios bienvenidos para facilitar la entrada de nuevos actores.

En ese mismo orden de ideas, cobra alguna importancia también el proyecto de ley para las nuevas licitaciones de suministro eléctrico, el cual contiene algunos avances relevantes. Sin embargo, este proyecto también trae consigo incertidumbres, como la ausencia de mecanismos equilibrados de resolución de controversias -para que la CNE no termine como juez y parte- y el problema de cómo resolver sin distorsiones los suministros no licitados, por nombrar sólo dos. Luego, se trata de una iniciativa que debe perfeccionarse para evitar las nuevas incertidumbres que crea para los inversores.

Así, con una actividad casi febril en torno a lo tangencial, todavía estamos a la espera de lo medular. Parece que sobra potencia pero sigue faltando energía.