El olvidado sector industrial

Jorge Quiroz

Una larga tradición del pensamiento económico asociaba al desarrollo de un país con su nivel de industrialización. Lisa y llanamente, no se concebía “desarrollo” sin que hubiese industria. Esa idea tenía un fundamento histórico: no por nada el progreso sostenido de la humanidad nació junto con la revolución industrial, y de ahí entonces que el crecimiento de la industria se viese como una condición necesaria para el desarrollo.



En nombre de dicha idea se cometieron algunas insensateces, de las cuales la más notoria fue el proceso de industrialización realizado a costa de restringir indiscriminadamente el comercio. Nuestro país, campeón de dicha política hasta mediados de los 70, y por lo mismo gran víctima de sus consecuencias, dio en 1975 un giro en 180 grados con el proceso de apertura comercial, que probó en definitiva ser mucho más proficuo en términos de crecimiento. De ahí en adelante, al menos para la mayoría de los economistas chilenos, la composición de nuestro producto nacional dejó de ser un tema. Cuento corto, pasamos de identificar al desarrollo con la industrialización al extremo opuesto, donde nos da lo mismo si tenemos o no industria.

No sorprendentemente, entonces, a pocos parece importarle hoy en día los evidentes síntomas de desindustrialización que estamos viviendo. Los números hablan por sí solos: si en 2005 la industria daba cuenta de un 16,6% del PIB, hoy representa sólo un 10%; el PIB industrial de hoy es, en términos reales, un 1,23% más bajo que el que teníamos antes de la crisis de Lehman Brothers. La combinación de un tipo de cambio bajo con precios de energía altos -un 30% mayores que los que paga en promedio la industria de los países OECD- hacen crecientemente difícil para la industria nacional competir con importaciones o colocar sus exportaciones.

Y como si ello fuera poco, hoy circulan propuestas de recaudación tributaria (Cep-Cieplan-Yáñez) que abogan por eliminar el derecho que tiene la industria a recuperar el impuesto específico al diésel, proponiendo incluso aumentar su tasa, buscando recaudar con ello US$ 1.000 millones adicionales. En términos gruesos, ello representaría algo así como subir la tasa tributaria del sector industrial en casi ocho puntos porcentuales, si no más. Agreguemos a eso la propuesta del Ejecutivo de llevar el arancel de la economía a cero, celebrada casi unánimemente por la profesión, así como la nula disposición de nuestra Comisión de Distorsiones para mitigar al menos parcialmente medidas públicas y notorias de competencia desleal por parte de otros países, para los cuales, a diferencia del nuestro, no da lo mismo tener o no industria nacional.

El argumento estándar en contra de mis aprensiones es conocido: si aumenta el precio del cobre, es natural que baje el tipo de cambio y que los recursos “fluyan” desde otros sectores transables -la industria en particular- al minero y a los no transables. Dicho argumento ignora, sin embargo, que existen otras distorsiones, entre otras, que coexiste junto al sector formal, que paga impuestos y cumple las leyes laborales, un sector informal no menor, que hace todo lo contrario. La contracción de la industria, entonces, un sector con mayor formalización que varios otros, no necesariamente eleva la productividad de toda la economía, porque parte del trabajo que se libera no va a otro sector formal sino que cae en la informalidad. Así, si bien la industria que sobrevive será más productiva que antes, porque cierran las unidades menos productivas, el efecto total sobre la productividad de factores podría ser incierto, o incluso negativo, un punto levantado por el economista Dani Rodrik en contextos similares al actual.

Desde luego, no estamos abogando aquí por añejas políticas de protección industrial. Pero creo que existen buenas razones para pensar que no da lo mismo la desindustrialización de la que estamos siendo indolentes testigos.