Reforma del Sernac: último vestigio de la retroexcavadora

Jorge Hermann

En el invierno legislativo del 2014, el gobierno ingresó la reforma del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) al Congreso, que junto a sus pares tributaria, laboral y educacional, formaban parte de la retroexcavadora reformista que buscaba modificar el modelo económico que puso a Chile a la vanguardia en América Latina.

La reforma del Sernac crea una suerte de “defensor del pueblo” con nuevas atribuciones para fiscalizar, mediar, interpretar, normar, juzgar y multar, inspirado en un modelo que relega a un segundo plano a la sociedad civil.

Dado que el diagnóstico fue impreciso y la solución presentada tiene vicios técnicos severos, no es casualidad que la tramitación legislativa de la reforma cumpla tres años en el Congreso. Así, el gobierno ingresó una serie de indicaciones o “mejoras” al proyecto de ley en la Comisión de Constitución del Senado para su pronta aprobación. El problema es que el contenido detallado no es público, lo que hace que el debate sea opaco a espaldas de la ciudadanía.

En base a la poca información existente, las indicaciones al proyecto de ley son sólo mejoras cosméticas tales como aclarar las responsabilidades entre el Sernac y otras entidades fiscalizadoras sectoriales, junto con rebajar y mejorar la aplicación de las multas. No obstante, el fondo del proyecto permanece inalterado, por lo que aún falta realizar modificaciones estructurales.

En particular, es necesario revisar la institucionalidad del Sernac a través de crear un consejo independiente de cinco miembros, similar a los modelos de Australia, Estados Unidos y Reino Unido. Además, es relevante que la mediación entre consumidores y empresas sea realizada por actores privados imparciales para evitar la confusión de roles del Sernac, replicando el modelo de mediación privado que existe en Europa.

Asimismo, apremia eliminar la atribución de dictar instrucciones normativas por la de perfeccionar las atribuciones para investigar y realizar estudios con el objeto de proponer recomendaciones normativas al poder ejecutivo, junto con desterrar la indemnización punitiva aplicada a leyes sectoriales. A su vez, se debe incentivar la autorregulación para gestionar el cumplimiento normativo (compliance) para que sea un atenuante en la imposición de multas, similar al proyecto de ley de datos personales.

Por último, las asociaciones de consumidores deben tener un mayor protagonismo en el sistema de protección del consumidor. Por ejemplo, basta analizar la agenda europea del consumidor 2014-20 y replicar el grupo consultivo europeo de consumidores.

En síntesis, los ruidos regulatorios aún persisten con la reforma del Sernac, último vestigio de la retroexcavadora. Urge realizar modificaciones de fondo al proyecto de ley, porque la debilitada actividad económica ya no puede más con la incertidumbre regulatoria que frena la inversión y complejiza el ambiente de los negocios.